La medida se dictó hasta tanto Ferrer se expida sobre el amparo que los juntistas presentaron para que se declare la inconstitucionalidad del decreto al que consideraron un "golpe institucional del Poder Ejecutivo contra las comunas".

Según el fallo, el decreto viola las disposiciones del artículo 80 inc. 3, y del Título Sexto "Comunas" de la Constitución de la Ciudad, que determinan facultades de la Legislatura, como así también la naturaleza jurídica de las Comunas, sus atribuciones y su ámbito de actuación, de acuerdo a los miembros de la Juntas Comunales.

La normativa, publicada en el Boletín Oficial el 25 de junio, establece la creación de cuatro cargos para cada comuna: gerente operativo de gestión administrativa; gerente operativo de gestión comunal; subgerente operativo de participación vecinal y atención vecinal; y subgerente operativo de control comunal y de obras.

Según los comuneros, "todos ellos pretendían tener injerencia en cuestiones de elaboración presupuestaria y de administración comunal, a pesar de que los artículos 26, 28, 29 y 32 de la Ley 1.777 de Comunas de la Ciudad otorga esas facultades a la Junta Comunal, a su presidente y a sus miembros".