Martes, 23 de septiembre de 2014 | Hoy
22:20 › DERECHOS HUMANOS
La ministra de Seguridad de la Nación, Cecilia Rodríguez, y el subsecretario de Promoción y derechos humanos, Nicolás Carvalho, encabezaron las delegaciones de funcionarios nacionales y provinciales que asistieron a los tribunales de Morón para escuchar a los familiares del adolescente desaparecido hace cinco años y medios y diseñar las medidas de búsqueda y averiguación impulsadas por la Cámara Federal de Casación, que hizo lugar al hábeas corpus presentado por la familia. El viernes habrá una nueva audiencia.
"Este hábeas corpus es importante, en estos cinco años tuvimos que remar en dulce de leche y ustedes funcionarios y políticos se encargaron de hacerlo más espeso. Todos los días iba a preguntar si había novedades de Luciano. Con mi humildad iba y les preguntaba por mi hijo. Me decían que espere", lamentó la máma de Luciano, Mónica Alegre, según informó el CELS en un comunicado. La familia de Luciano estuvo acompañada por APDH La Matanza y el CELS, querellantes en la causa.
La audiencia se realizó en el Juzgado Federal Nº 1 de Morón, a cargo de Juan Pablo Salas, para impulsar las investigación que tras permanecer durante cuatro años en manos de la fiscal bonaerense Celia Cejas y el juez de Garantías provincial 5 Gustavo Banco como "averiguación de paradero". Salas aceptó la causa en febrero de 2013.
El CELS resaltó que "hasta que la causa pasó al fuero federal se sostuvo una investigación judicial y administrativa que fue parte de la trama de encubrimiento" por lo que "al día de hoy, no hay información sobre dónde está Arruga, qué pasó con él ni quiénes fueron los autores de la desaparición".
En la audiencia, según informó el CELS, las partes solicitaron a los representantes del ejecutivo provincial que especifiquen las medidas que tomarán para cumplir con el fallo de Casación que impuso la obligación de remover todos los obstáculos institucionales y jurídicos que hasta ahora impidieron esclarecer la desaparición.
En tanto, a las autoridades del gobierno nacional se les pidió que pongan a disposición los recursos a su alcance para profundizar la investigación del paradero de Luciano Arruga y que sea garante del cumplimiento de las obligaciones que debe asumir la provincia de Buenos Aires.
En el juzgado de Morón también estuvieron presentes el fiscal Sebastián Basso, la Procuraduría contra la violencia institucional (PROCUVIN) y el Equipo Argentino de Antropología Forense.
El CELS reafirmó que "la desaparición de Luciano Arruga exige que todas las agencias del Estado se comprometan con investigar y producir la información que permita saber lo que ocurrió con el joven, desarmar la estructura ilegal de la policía bonaerense que la habilitó y terminar con las prácticas institucionales que la rodearon".
Además, en el comunicado, el organismo de derechos humanos recordó que "la semana pasada tres jóvenes que conocían a Luciano Arruga fueron detenidos ilegalmente por policías del destacamento de Lomas del Mirador, sospechado de haber participado en su desaparición. Uno de los jóvenes fue golpeado y lastimado. Este hostigamiento policial sistemático muestra que la Bonaerense sigue teniendo el mismo modus operandi que permitió la desaparición de Arruga y luego la ocultó".
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