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Según denunció la agrupación de derechos humanos, el lunes 15 de Septiembre a las 20.30, los tres jóvenes estaban en la vereda de una casa en el Barrio 12 de Octubre, en Lomas del Mirador, cuando llegaron varios patrulleros del CPC. Algunos efectivos bajaron de los móviles y los pusieron contra la pared sin siquiera identificarse. Los policías redujeron a dos de los chicos, mientras intentaban agarrar al tercero, quien vivía en el domicilio e intentó defenderse ante la arbitrariedad de la situación. El joven fue empujado hasta ingresar a su casa y le abrieron la cabeza de un golpe antes de detenerlo.

Luego de reducirlos, según la denuncia de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, dos de los jóvenes fueron llevados a la Clínica Privada del Buen Pastor para ser atendidos atendidos, mientras que el que presentaba una herida cortante en la cabeza fue derivado al Policlínico de San Justo. "El testigo de la causa Luciano Arruga, desaparecido por la Policía Bonaerense, que debía estar protegido por el Estado, tenía, ahora, cuatro puntos producto de un golpe por parte de la policía", denunciaron.

Además, la organización indicó que "la misma policía intentó garantizar no quedar pegada en este hecho, por demás autoritario, e inventó un testigo del 'operativo' que nada había visto" para declarar en la Comisaría 8va, donde terminaron detenidos los tres jóvenes, en la causa por "resistencia a la autoridad" que le abrieron al joven que recibió la golpiza más dura.

La causa quedó a cargo del fiscal Fernando Quiroga, al frente de la UFI 9 de la Matanza, quien se presentó en la comisaría y planteó que "la resistencia a la autoridad trae estas situaciones". "Sin interés alguno por la integridad física y psicológica de las víctimas", lamentó la agrupación en un comunicado. En ese sentido, los Familiares y Amigos de Luciano Arruga exigieron "las sanciones correspondientes" contra el fiscal "porque eligió dejar de lado que los jóvenes estaban en su casa y que los detuvieron ilegalmente".

"Nos preguntamos, y quisiéramos que nos expliquen, por qué pesa más para un fiscal una 'resistencia a la autoridad' que el armado de una causa y una feroz golpiza para que acepten mentirosa acusación", agregaron en el comunicado y subrayaron: "La desidia y responsabilidad de un Estado que invisibiliza la problemática de violencia institucional aumentando los niveles de impunidad". Por eso, solicitaron a la Justicia provincial y federal, y a los ministerios de Seguridad y Justicia provincial y nacional "actuar con contundencia, castigando a quienes arman causas, matan o desaparecen a nuestros jóvenes".

"Queremos denunciar el cansancio y la impotencia frente a estas situaciones que se repiten día a día en La Matanza y en todos los barrios humildes, pero queremos dejar en claro especialmente que estos testigos no son los primeros que sufren amenazas y eso nos preocupa mucho: no queremos denunciar en algún tiempo la muerte de ninguno de nosotros como ha pasado en otras causas donde se denuncia a las fuerzas de seguridad", advirtieron.

Por último, la organización solicitó a la Procuvin que cumpla "con su rol de fiscalizadora de la investigación, que está seriamente en riesgo ante esta impunidad manifiesta. Así como también le pedimos un mayor y mejor acompañamiento en todas las situaciones de violencia institucional que nos toca vivir".

"El accionar de las fuerzas represivas con total libertad y salvajismo exige que tengamos respuestas inmediatas y organizadas para que este tipo de 'señales' mafiosas no pasen a mayores y nos encontremos mañana pidiendo por la vida de muchos más de nuestros jóvenes", resaltaron y agradecieron el respaldo de la APDH-La Matanza, el abogado Juan Manuel Combi y el diputado provincial Miguel Funes, como así también a la abogada María Dinard, integrante del CELS.