Lunes, 19 de enero de 2015 | Hoy
12:55 › LA MUERTE DE NISMAN
Nisman debía concurrir esta tarde al Congreso para dar precisiones sobre su denuncia contra la presidenta Cristina Kirchner por el Memorando de Entendimiento con Irán. Debía responder, por ejemplo, por qué el Gobierno pidió que sigan vigentes los alertas rojos si el objetivo del supuesto plan de encubrimiento era que se levantaran. O por qué no se vendieron granos a Irán ni nunca se presentó la supuesta pista falsa.
Por Raúl Kollmann
La sala II del Anexo del Congreso era el lugar previsto para que el fiscal Alberto Nisman concurriera a la Comisión de Legislación Penal a informar sobre su denuncia contra la Presidenta y el canciller por el caso AMIA. El fiscal sostuvo que se pactó la impunidad de los sospechosos iraníes a través de la creación de una pista falsa en la que se le atribuiría el ataque a “fachos locales”; se pactó el levantamiento de las señales rojas y luego un acuerdo de intercambio económico de petróleo iraní por granos argentinos. El fiscal hubiera tenido un problema grave para explicar mañana: ninguna de esas cosas ocurrió. Ni hubo pista de fachos locales ni se levantaron los alertas ni se compró una gota de petróleo a Teherán. Además, Nisman dijo que gran parte de la maniobra, que comenzó hace cuatro años, recayó en un agente de la Secretaría de Inteligencia (SI). Es decir que el principal socio del fiscal, el poderoso jefe de Operaciones de la SI, Jaime Stiuso, quien manejaba la Secretaría a su placer, tuvo bajo su mando a un agente que supuestamente trabajó para Irán y que él nunca denunció ni relevó. Nisman presentó un pedido de que se levante el secreto y que ese agente declare. La voluntad del Gobierno, como lo hizo en el caso AMIA anteriormente, es levantar toda veda y que el agente señalado declare. El problema es que la denuncia de Nisman todavía no da las precisiones ni pruebas necesarias para que la Presidenta redacte el decreto (ver aparte).
A continuación se analizan los principales puntos oscuros de la denuncia, sobre los cuales tenía que responder Nisman esta tarde.
1 El fiscal dijo que se acordó levantar los alertas rojos de Interpol, rebajando las capturas de los sospechosos iraníes. ¿Cómo explica que el secretario general de Interpol lo desmiente en forma tajante?
La secuencia es muy categórica. En primer lugar, se exhibió la carta del canciller Timerman a Interpol dos semanas después de firmado el memorándum. En 20 renglones el ministro le dijo dos veces al secretario general de Interpol que la firma del acuerdo no cambiaba el status de las órdenes de captura y que cualquier cambio sólo podía provenir del juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral. Dos meses después, Interpol contestó aquella carta diciendo que efectivamente los alertas rojos no se tocaban. El viernes, Noble le envió un mail a Timerman respaldándolo en un ciento por ciento y diciendo que nunca la Argentina hizo una gestión para que se levanten los alertas. En la entrevista concedida a Página/12, sostiene que lo afirmado por Nisman “es falso”. “Al contrario, señor Nisman –dice Noble–, el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Héctor Timerman, y cada uno de los funcionarios del gobierno argentino con los que me encontré y hablé de esta cuestión, tuvieron siempre la misma posición: los alertas rojos de Interpol contra los ciudadanos iraníes debían mantenerse sí o sí”.
Nisman sostuvo en su denuncia, que, por ejemplo, “en septiembre de 2013, Timerman se reunió con Noble para convencerlo de que autorice el cese de las notificaciones rojas”. Noble dice exactamente lo contrario: “Timerman vino a Lyon a reafirmar que la firma del memorándum no significa ningún cambio en los alertas rojos. Recuerdo la pasión con la que habló”, recordó el secretario general de Interpol.
Estas respuestas de Noble dejan a Nisman girando en el vacío: el principal protagonista dice que lo afirmado por el fiscal es mentira.
2 ¿Dónde está la pista en la que se involucraría como autores del atentado a “fachos locales”? ¿Por qué no se la informó al juez?
En el resumen que distribuyó Nisman sobre su presentación judicial, se dice que en noviembre de 2012 el ex juez Héctor Yrimia se reunió con el dirigente de la comunidad argentino-iraní, Alejandro Yussuf Khalil, y combinaron armar una pista falsa destinada a echarles la culpa del atentado a “fachos locales” y sacarles la responsabilidad a los iraníes.
¿Dónde se presentó esa pista en estos dos años y tres meses? Si no se presentó en ningún lugar, ni siquiera constituyó una tentativa de encubrimiento, de desviar la causa. Como sostiene el ex integrante de la Corte, Raúl Zaffaroni, aun en caso de probarse lo que dice el fiscal, es la preparación de un delito, no un delito. Y la preparación es impune porque no se ha llegado al principio de ejecución. Y de todas formas ¿cómo se llegaría de una conversación entre Yrimia y Khalil a la participación de la Presidenta y el canciller?
El juez Rodolfo Canicoba Corral, encargado de la causa AMIA, dice que es gravísimo que no se le haya informado que podía existir otra pista, aun si no fuese verdadera, en el caso AMIA. “El fiscal hizo una investigación paralela y clandestina sobre algo que tenía que ver con el atentado en sí mismo. Eso es muy serio y tengo que estudiar si no incurrió en una gravísima desviación de la causa”, razonó el magistrado.
Hay una pregunta retórica inevitable: ¿ante quién debía presentarse la nueva pista de los fachos locales? La respuesta es obvia: ante el propio Nisman y el juez. De manera que la supuesta intención de desviar la causa ni siquiera tenía posibilidades de prosperar sin el visto bueno del fiscal.
3 ¿El plan tenía el objetivo de cambiar petróleo por granos?
Ya se ha dicho que eso tampoco ocurrió. Argentina nunca le compró una gota de petróleo a Irán y tampoco hubo ningún convenio. Nunca hubo una misión comercial de Argentina a Irán o de Irán a la Argentina. El país sólo compró petróleo en 2013 y provino de Nigeria y otros combustibles se le compran a traders cuyo proveedor en ningún caso fue Irán.
Nisman sostuvo que el canciller mintió cuando dijo que no se le vendía a Irán por los embargos internacionales. Pero no fue así. Aquella frase fue pronunciada por Timerman en una visita al Congreso cuando el diputado radical Ricardo Gil Lavedra le preguntó si era verdad que Argentina le vendió una central nuclear a Irán. Ahí Timerman contestó justamente que de ninguna manera, que no se le podía vender una central nuclear a Irán por los embargos internacionales de una instalación sensible como ésa.
Argentina le vende muy poco a Irán y las cosas no cambiaron para nada con la firma del memorándum. El 80 por ciento de los 1200 millones de dólares que Argentina le vende a Irán es soja que no provee el Estado, sino que buena parte sale del grupo Grobocopatel, que nada tiene que ver con el Gobierno.
4 Nisman sostiene que en la ciudad siria de Alepo, Timerman pactó la impunidad con el canciller iraní. ¿Cuál es la prueba?
En su escrito, el fiscal asegura que el canciller iraní Alí Salehi y Timerman se reunieron en esa ciudad siria en 2011. Fue público que el canciller argentino se encontró con el presidente de Siria, pero en todo caso no constituía ningún delito que Timerman se reuniera con Salehi: la Argentina desde hacía rato trataba de lograr un acuerdo con Irán para encontrar un tercer país donde hacer el juicio AMIA o buscar una forma de que los sospechosos se presentaran a la Justicia. Nisman dice que su prueba es que el periodista José “Pepe” Eliaschev afirma que vio un documento supuestamente de Salehi al presidente de Irán donde le contaba que había pactado con Timerman. ¿El texto? No, el documento de Salehi no está. Ni existe la más mínima posibilidad de que se pueda probar que era auténtico. La pregunta que seguramente tendrá que responder Nisman es ¿le parece que eso es una prueba?
5 ¿Quién apañó al supuesto agente pro iraní de la ex SIDE? ¿De quién dependía?
Es público y notorio que el sostén de Nisman ha sido el poderoso ex jefe de Operaciones de la SI, Jaime Stiuso. En la página 16 de su denuncia, Nisman transcribe una escucha de un agente de la SI que habla con el dirigente supuestamente pro-iraní, Khalil. “Tengo un chisme... Me dijeron ahí en la casa (la ex SIDE) que Interpol va a levantar los alertas rojos.” No parece una prueba de envergadura y todo indica que es de hace, cómo mínimo, un año y medio. Pero, además, a ese agente o a otro –no está claro en el texto del fiscal– también lo involucran en el armado de la pista de los fachos locales.
Es decir que dentro de la Secretaría que manejaba Stiuso a su antojo, permitió –supuestamente– que operaran durante un año y medio agentes proiraníes que, hasta el momento, no se sabe quiénes son.
Aún así, Nisman dijo que respondían a la Presidenta, pese a que no tiene ni una escucha de la mandataria, ni siquiera del diputado Andrés Larroque y apenas frases del dirigente argentino pro-iraní, de Luis D’Elía y Fernando Esteche. Ninguno de estos tres es funcionario ni allegado a la Presidenta. Como señaló el juez Canicoba Corral, ni siquiera las escuchas son pruebas en sí mismas: es la SI la que dice que Fulano afirma tal cosa. Hay que ver si es verdad, hay que ver en qué situación se produjeron esas conversaciones y se necesita determinar si en tal conversación el protagonista quiere agrandarse para hacer negocios políticos o económicos.
6 El fiscal insistió en que el memorándum es la pieza clave del plan criminal de encubrimiento. ¿Un documento votado por el Congreso constituye un delito?
El ex secretario de Interpol Ronald Noble dice que el memorándum fue un paso adelante porque se buscó una forma de llevar a los sospechosos a un juicio. Amnesty International afirmó: “El Memorándum de Entendimiento, una oportunidad para alcanzar justicia y reparación para las víctimas”. Se podía estar políticamente a favor o en contra, pero lo cierto es que lo votó el Congreso y buena parte de los familiares dijeron que había que hacer el intento. Cuando se acordó el juicio por el atentado en Lockerbie, en que Estados Unidos y el Reino Unido acusaban a dos libios, el principal negociador –en silencio– fue Nelson Mandela.
En su escrito, Nisman considera como prueba que “tiene un enmarañado proceso de aplicación”, lo que es evaluar judicialmente una decisión política tomada por diputados y senadores. En todo caso, como siempre sostuvo el Ejecutivo, la Justicia intervendría en su momento resolviendo si lo firmado era compatible con el sistema judicial argentino. Sin dudas la pregunta que tendrá que responder mañana Nisman es: una ley puede ser inconstitucional, pero ¿puede ser delito?
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