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La sesión especial impulsada por el oficialismo tuvo como eje estos dos proyectos, que ya tenían media sanción del Senado y fueron respaldados por los bloques de la oposición.

La iniciativa que otorga reparación histórica a unas 36.000 familias de empleados de la petrolera estatal YPF salda una lucha de casi 25 años de los ex trabajadores, a los que se negó el pago de las llamadas acciones de "propiedad participada" pese a lo previsto por la ley que privatizó la compañía durante el gobierno de Carlos Menem. Según la ley de privatización, los trabajadores debían recibir una porción del 10 por ciento del paquete accionario de la empresa, pero ese derecho les fue desconocido a los despedidos.

La sanción fue aplaudida y festejada por ex trabajadores de YPF presentes en el palco durante toda la sesión, al concluir un debate que se extendió por más de cuatro horas. El proyecto aprobado por diputados, reformado por Senado y que la cámara baja convirtió en ley otorga una indemnización que es equivalente al valor en pesos de 956 acciones de la compañía que serán canceladas con bonos de consolidación de deuda pública. Entre los cambios realizados por el Senado se encuentran la incorporación de un párrafo en el artículo segundo de la norma, estableciendo que el valor de la acción de la compañía no podrá pagarse a menos de 311 pesos.

Luego de la aprobación de la reparación por YPF, Diputados sancionó, también por unanimidad, la indemnización a las víctimas de la voladura de la AMIA. Se trata de un beneficio extraordinario y por única vez para los herederos o derechohabientes de las 85 personas fallecidas y las más de 150 que resultaron heridas en el atentado terrorista del ’94.

La cifra que percibirán los herederos de los fallecidos será de alrededor de 1,5 millones de pesos, de acuerdo con un cálculo hecho por el proyecto en base a lo que cobran los agentes Nivel A, Grado 0 del Escalafón del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público, al menos durante 2014, multiplicado por el coeficiente 100. De acuerdo al proyecto, quienes hayan sufrido lesiones gravísimas percibirán el 70 por ciento de ese monto y los heridos graves, un 60 por ciento de la cifra mencionada.

La primera iniciativa para otorgar un beneficio reparatorio a las víctimas del atentado a la AMIA fue presentada en 2007 por el Frente para la Victoria, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ratificara que el Estado argentino era corresponsable de la voladura del edificio que, en julio de 1994, dejó como saldo 85 muertos y más de 150 heridos. La Cámara alta había aprobado un proyecto similar en 2011, pero Diputados nunca trató la iniciativa, por lo que la sanción del Senado fue desechada a fines del año parlamentario 2013.