Jueves, 7 de mayo de 2015 | Hoy
19:46 › EL PAíS
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunció a Mónica Pinto y a otras autoridades de la Facultad de Derecho de la UBA, por la presunta comisión de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por la utilización de los fondos de Convenios de Asistencia Técnica y Capacitación para el financiamiento de actividades partidarias y enriquecimiento personal.
La denuncia, radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 9, a cargo de Luis Rodríguez y del fiscal Leonel Gómez Barbella, y que involucra 140 millones de pesos sólo en 2014, alcanza también, según la agencia oficial Télam, al vicedecano, Alberto Bueres; al secretario de Administración, Carlos Bedini; al secretario de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, Oscar Zoppi, y al subsecretario Académico, Lucas Bettendorff. Y se suma a la crisis que atraviesa la Universidad de Buenos Aires luego de la reciente renuncia del decano de Ciencias Económicas, José Luis Giusti, denunciado por supuestos delitos de violencia doméstica y acusado, junto con el secretario de Hacienda de la UBA, Emiliano Yacobitti, por enriquecimiento ilícito.
Hace menos de un mes renunció el vicerrector de la Universidad, Darío Richarte, profesor de Derecho y exfuncionario de la Secretaría de Inteligencia durante el gobierno de Fernando de la Rúa, que terminó en un baño de sangre.
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