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El fallo dictado por el Juzgado Federal de Bell Ville, Córdoba, recayó sobre los empresarios argentinos Lisandro Barbuy, Omar Barbuy, y la ciudadana uruguaya Ana María Villanueva, por el delito de Contrabando Documentado en más de 700 hechos de sobrefacturación de importaciones trianguladas por más de 170 millones de dólares y que permitió fugar al exterior más de 35 millones de dólares.

La investigación tuvo origen en las tareas de análisis del riesgo llevadas a cabo por la Aduana argentina e implementadas durante el año 2011 para la detección de "fuga de divisas, contrabando y evasión tributaria respecto a las empresas Barbuy Team SA y Dowel S.A, grandes importadores y comercializadoras de productos de ferretería industrial y jardinería del interior del país".

La maniobra detectada "consistía en la utilización de una empresa 'fantasma' creada en la República Oriental del Uruguay que re-facturaba injustificadamente en un 20 por ciento el valor de la mercadería que se adquiría en China, con la finalidad de fugar divisas, eludir el pago de Ganancias, generar falso crédito fiscal y burlar el control aduanero al declarar un valor distinto al que correspondía, presentando documentación falsa".

Sobre la documentación secuestrada en Argentina "se pudo constatar que otras empresas, vinculadas al mismo grupo económico, habrían cometido ilícitos aduaneros en la República Oriental del Uruguay. Por ello, gracias al Convenio de Cooperación y Asistencia Mutua entre las Administraciones Aduaneras del Mercosur se denunció la maniobra en Uruguay", indicó AFIP.

El organismo agregó que "la utilización con ardid y engaño de personas jurídicas 'de cartón' en países de nula o baja tributación, por parte de los grandes grupos económicos concentrados, es una maniobra ilícita compleja cuya desarticulación requiere de la cooperación internacional recíproca".