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La designación de Padilla fue aprobada tras en una votación dividida, que debió ser desempatada por la jueza Gabriela Vázquez, presidenta del consejo. La reunión ocurrió ante una nutrida presencia de organismos y funcionarios de Derechos Humanos para pedir que Martínez y Pontet no sean ratificados en el cargo.

Antes del comienzo del plenario, el secretario del juzgado federal 1 de Bahía Blanca, Mario Fernández Moreno, prestó declaración como testigo de Martínez, quien fue citado por "mal desempeño", lo que se terminará de resolver el 14 de agosto.

Durante su declaración, Fernández Moreno intentó deslindar responsabilidades respecto al cuestionamiento que se le hace a Martínez por "obstaculizar" el avance de las causas e incluso contó que denunció penalmente al juez ad hoc Alvaro Coleffi, cuando él tuvo la causa "Massot", porque se reunía "frecuentemente" con el fiscal Miguel Angel Palazzini. "La denuncia cayó en el juzgado de Martínez porque era el que estaba de turno", sostuvo.

Coleffi, quien había avanzado en la causa que investigó la responsabilidad del empresario periodístico Vicente Massot en crímenes de lesa humanidad, fue exonerado del Poder Judicial por la Cámara Federal.

Durante la sesión del consejo estuvo presente Estela Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, y miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora e H.I.J.O.S. Regional Capital en la Red Nacional.

La presencia de los organismos de Derechos Humanos, se vio respaldada por la presencia de funcionarios y legisladores vinculados a la defensa de los Derechos Humanos como el diputado nacional por el Frente para la Victoria (FpV), Horacio Pietragalla, hijo de desaparecidos; el fiscal general Jorge Auat, titular de la unidad de coordinación de las causas por delitos de lesa humanidad de la Procuración General; el subsecretario de Promoción de Derechos Humanos, Carlos Pisoni; el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, y el propio fiscal Palazzini.