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La inspección vehicular estará a cargo de personal técnico de la empresa MONSA, propietaria de la línea, los trabajadores también podrán designar un perito y además estará presente un veedor de la Comisión Nacional Reguladora de Transporte (CNRT).

El fin de la medida es verificar que los colectivos estén en condiciones de aptitud técnica y debida seguridad "para la circulación en la vía pública y la vida de las personas que los conducen y que allí se transportan", aclara la resolución.

El conflicto entre los empleados y la empresa lleva más de dos semanas y se agudizó esta mañana, cuando en la cabecera porteña ubicada en la calle Guanahani al 200 se presentó la Policía Federal con una orden judicial mientras los trabajadores realizaban una asamblea.

El delegado Santiago Menconi dijo a Télam esta mañana que se trata de un "lockout patronal", ya que "hay 53 compañeros despedidos" y que "hasta el momento, por parte de la empresa sólo hubo provocaciones y nunca llamaron al diálogo".

Tras la intervención de la Policía Federal, los choferes cortaron esta mañana la avenida Mitre en Avellaneda en su acceso al puente Pueyrredón.

En tanto, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, advirtió que el Gobierno no intervendrá en el conflicto por considerar que se trata de un “tema de management (gestión)” y afirmó que deberá ser la Justicia la que “tome decisiones” en el tema. El funcionario indicó que “con la administración anterior, el personal había participado de la toma de decisiones” pero a la línea “la adquiere otra empresa, que reclama la toma de decisiones per se”.

“Los empleados -agregó Fernández- no están dispuestos a dejar de tomar las decisiones que tomaban”, por lo cual, es “un tema de management empresarial, de estructura de manejo de la empresa”. Ante una pregunta, el ministro coordinador descartó por completo una "posible estatización" de la empresa y apuntó que la resolución del conflicto "requiere de una solución judicial".

Ayer la línea 60 funcionó con un servicio reducido tras un principio de acuerdo alcanzado con la UTA para la reincorporación de los choferes despedidos, mientras el cuerpo de delegados denunció que no les permiten participar de las reuniones con la empresa.