Los camaristas Ricardo Pinto, Juan Cicciaro y Mariano Scotto ratificaron los procesamientos por la figura prevista en el artículo 261 del Código Penal, que reprime con penas de hasta 10 años de prisión al "funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo".

La medida alcanzó a Raúl Etchebehere, Juan María de Anchorena, Carlos Sánchez, Hugo Pifarré, Rubén Lusich, Horacio Foster, Rodrigo Arboleda Halaby, Eduardo Ordoñez, Mario Eijo de Tezanos Pinto, Néstor Eijo, Juan Ravagnán, Vicente Francos, Luis Walter, Juan Carlos González, Carlos Simone y Jaime Bernasconi.

La causa es una derivación de otra en la que el juez federal Sergio Torres investiga al ex presidente Carlos Menem y a otros imputados por haber vendido a precio vil un predio que valía más de 100 millones de dólares en sólo 30 millones.

Con posterioridad a la venta del predio, la Sociedad Rural otorgó el usufructo del lugar a dos empresas transitorias que planeaban construir un complejo de entretenimientos para lo cual obtuvieron un crédito de 106 millones de dólares del Banco Provincia.