Rafecas dispuso la nulidad de la designación de tres integrantes del cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema y la aceptación del cargo por parte de estos para realizar el peritaje contable ordenado por su colega Claudio Bonadio antes de ser desplazado de la causa. También declaró la nulidad del pedido presentado por los peritos contadores oficiales, quienes habían requerido información para llevar a cabo el estudio ordenado y anulado.

En su resolución, Rafecas, al justificar la validez de los documentos incautados durante los allanamientos realizados en Río Gallegos, recordó que Bonadio “desde las primeras actuaciones en esta causa apeló al auxilio de la Policía Metropolitana”, así como a diversas entidades públicas y privadas "siempre en pos de hacerse de documentación que, según su criterio, resultaba de relevancia para la investigación”. Para Rafecas, “la incorporación al proceso de documentación, registros y libros contables” apunta al esclarecimiento de la verdad, y no fue cuestionada por la fiscalía ni las defensas de los imputados.