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Arrigo adelantó que pedirá condena por los delitos de "administración fraudulenta" y "estrago" contra los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y también contra el exdueño de la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), Sergio Claudio Cirigliano.

"Tanto los funcionarios de Transporte como de la CNRT tenían el mandato tácito de la custodia del patrimonio público que fue confiado a TBA: los fondos públicos más los bienes de la concesión, que fueron entregados para una segura prestación del servicio de transporte de personas", señaló el fiscal.

En ese sentido, el funcionario del Ministerio Público subrayó que los exfuncionarios "desatendieron la protección de la seguridad del transporte ferroviario" y sostuvo que "si cada uno hubiera cumplido con los deberes confiados no hubiera ocurrido lo que ocurrió".

Arrigo analizó que los exfuncionarios enjuiciados permitieron que "TBA operara con un sinfín de graves fallas en la seguridad" las cuales, resaltó, "hacían previsible este desenlace fatal y trágico".

En cuanto al maquinista Marcos Córdoba mencionó la "negligente forma de conducción" del tren Chapa 16 que el 22 de febrero de 2012 ingresó a la estación terminal de Once y embistió el paragolpes del andén 2, lo cual causó la muerte a 51 pasajeros y heridas a más de 700.

El funcionario judicial comenzó esta mañana su alegato, que se estima se prolongará varias jornadas, ante el Tribunal Oral Federal Dos (TOF2), a cargo debate que se realiza en la Sala Auditorium de Comodoro Py 2002 de la Ciudad de Buenos Aires.

El TOF 2 debió resolver un planteo del fiscal debido a la ausencia de uno de los procesados, el empresario Mario Cirigliano, ausente por un cuadro de gastroenteritis. Arrigo sostuvo que era necesaria la presencia del procesado para que pudiera escuchar la eventual acusación y las pruebas en su contra.

Ante ese pedido, el tribunal integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Tassara, decidió que mientras dure su internación en el Hospital Italiano, Cirigliano siga los alegatos por el sistema de video conferencia.

La acusación de la fiscalía fue precedida por las de las cuatro querellas, dos de las cuales sólo pidieron pena para Córdoba, en tanto que las restantes reclamaron la absolución del maquinista y penas para los funcionarios públicos y empresarios.