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El tribunal de la Cámara Sexta del Crimen, con jurados populares, ordenó la “inmediata detención” de Márquez para el cumplimiento de la condena y también se la inhabilitó para ejercer cargos o empleos públicos sólo por seis años.

La justicia también resolvió que las actuaciones del proceso de enjuiciamiento sean remitidas a la Fiscalía de Instrucción en turno para que se continúe con la investigación a partir de nuevos elementos que podrían involucrar a otros miembros del organismo de seguridad provincial por las mismas prácticas.

Los hechos por el que fue juzgado el efectivo policial corresponden al período 2010-2011, cuando dirigió el Comando de Acción Preventiva (CAP). Según los datos de la investigación en la etapa de instrucción, Márquez “se amparó en el Código de Faltas de la provincia para violar sistemáticamente la legislación nacional y provincial con las detenciones ilegales que ordenaba”, con el objetivo de “inflar, mediante esas detenciones, las estadísticas de eficiencia sobre el combate a la delincuencia”.

Para ello ordenaba a sus subordinados a salir a las calles y concretar “detenciones masivas sin que mediaren causas”, privando de la libertad a personas de condiciones vulnerables, en particular jóvenes, y a los efectivos que se negaban a hacerlo eran sancionados o perseguidos en su ámbito de trabajo.

“Nunca infringí la ley, nunca ordené detenciones ilegales. Estoy realmente impotente porque me están marcando como un represor de la dictadura”, había manifestado en sus últimas palabras ante el tribunal y el jurado.

Luego de la lectura de la sentencia, el abogado querellante, Carlos Nayi, se manifestó “conforme” con la condena y sostuvo que Márquez había “utilizado el Código de Faltas como un Código Penal paralelo que le ha costado la libertad a miles de cordobeses con los allanamientos y detenciones ilegales en los sectores más vulnerables”.

El letrado, que había pedido seis años de prisión, también consideró que “todavía se debe investigar a las máximas autoridades” policiales y políticas, ya que entiende que “hay más responsables que aún deben responder sobre estos hechos”.

En tanto, el fiscal Marcelo Fenol, acusador junto al fiscal Marcelo Hidalgo, quienes habían pedido cinco años de prisión, se manifestaron “satisfechos” por la condena y consideraron que la sentencia es un “fuerte llamado de atención para revisar las formas en las cuales estamos aplicando las políticas de seguridad”.