En 2014, la asignación superó los 72 mil millones de pesos, que a valores actualizados por el incremento de la recaudación tributaria representarían casi 95 mil millones de pesos en 2015. A partir de enero próximo, la ANSES perdería esa asignación.

En los considerandos del DNU 2635/2015, el Gobierno sostiene que las medidas del máximo tribunal “refieren sólo a tres provincias argentinas: Córdoba, San Luis y Santa Fe”, aunque aclara que “del modo en que han sido dictadas, sus implicancias más temprano que tarde, se deben extender al conjunto de todas las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Asimismo, advierte que “ello está llamado a producir un drástico cambio en el reparto de la coparticipación y una brusca disminución de los ingresos para la seguridad social, afectando incluso los índices de movilidad jubilatoria, la asistencia a las cajas de regímenes no transferidos, condicionando de ese modo a la totalidad del sistema provisional de reparto y a las prestaciones de la seguridad social”.