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Arroyo Salgado anuló todo lo actuado en la causa por el grupo que hackeaba y vendía información de mails de prominentes figuras políticas, empresariales y artísticas –que habría abarcado desde los secretarios de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner hasta al titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, pasando por Susana Giménez-. La jueza consideró que la obtención de las pruebas que originaron la denuncia no fue realizada dentro de la legalidad.

“Nos encontramos ante un proceso iniciado a partir de prácticas de inteligencia efectuadas al margen de los principios estatuidos por la Constitución Nacional y el Estado de Derecho”, sostuvo la magistrada al hacer lugar al planteo de la defensa del ex titular de la SIDE menemista, Juan Bautista Yofre, a la que adhirieron los otros acusados.

Arroyo Salgado sobreseyó a Yofre, a los periodistas Carlos Pagni, Roberto García y Edgar Mainhard, al ex policía aeroportuario Pablo Carpintero, a Héctor Alderete, responsable del sitio web Seprim, al empresario periodístico Néstor Ick y al general (R) Daniel Reimundes, ex jefe de la inteligencia del Ejército. Todos ellos habían sido procesados en 2012 por la propia Arroyo Salgado por los delitos de asociación ilícita, espionaje, obtención de secretos por revelación y encubrimiento agravado. Los procesamientos fueron confirmados por la Cámara Federal y la Fiscalía había reclamado su elevación a juicio.

La jueza ahora habló de una “ilegalidad” que guió el accionar de la Secretaría de Inteligencia en relación al proceso y justificó ello en la existencia de una “situación de flagrante anarquía e irregularidades en que quedó sumida” la SI. Argumentó que eso “se puso al descubierto y fue exponencialmente reconocido por varios funcionarios miembros del propio gobierno de la entonces Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner”, al sancionar la nueva Ley de Inteligencia que creó la Agencia Federal en la materia.

También cuestionó “el empleo subrepticio e irregular de agentes encubiertos para la obtención de la información en base a la que la Secretaría de Inteligencia dio inicio” a la denuncia contra los periodistas y ex funcionarios.