Lunes, 4 de enero de 2016 | Hoy
21:41 › POR UN "DESMADRE ADMINISTRATIVO"
La vicepresidenta decretó la baja de 2035 designaciones "políticas" que realizó su antecesor en el Senado, Amado Boudou, y creó una comisión revisora especial que analizará todos los legajos de la planta permanente y las recategorizaciones del último año. El titular de la Asociación del Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero, calificó como "una barbaridad" la medida y advirtió que van a "luchar hasta las últimas consecuencias".
A través de un comunicado, Michetti dijo que el objetivo de la medida es "garantizar el pago de los salarios". "Si hoy el Senado quisiera hacer frente al pago de sueldos, sin aumentos, ya tendría un déficit de 570 millones", justificó y aseguró que la baja de los más de 2000 contratos "cuenta con el apoyo de las distintas bancadas".
Sostuvo que "el ex vicepresidente violó todas las reglas de ingreso y promoción que protegen la carrera administrativa de los trabajadores" y "puso en crisis, además, el presupuesto para 2016".
La vicepresidenta firmó un decreto por el cual se dan de baja las 2035 "designaciones políticas" de su antecesor y dispuso la creación de una "comisión revisora especial de máximo nivel" integrada por el senador Mario Daniele, el director general de Recursos Humanos, Pablo Casals, y el subdirector general de Administración, Diego Lacu.
Esa comisión "analizará, en un plazo máximo de 120 días, la totalidad de los legajos de la planta permanente y las recategorizaciones de los últimos doce meses a la luz de las necesidades funcionales del Senado, que no variaron de manera sustancial desde el final de la gestión de Julio Cobos", explica el comunicado.
En tanto, el titular de la Asociación del Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero, calificó como "una barbaridad" la medida y advirtió que van a "luchar hasta las últimas consecuencias". "Realmente me parece que es una barbaridad esta medida de dar de baja a estos compañeros que afecta a más de 2000 familias que son de planta permanente, que están amparados por la ley y que vamos a recurrir", enfatizó el dirigente sindical.
En declaraciones a la agencia DyN, Di Próspero sostuvo que "es un gran error de la política de Estado" del oficialismo y pidió al Gobierno nacional que "se saque la careta". "Quieren hacer un estudio previo, forman una comisión donde no figura ninguno de los gremios para investigar si hay gente que trabajo o no y dan de baja estos contratos. Tendrían que haber empezado al revés y ver quiénes son los que no trabajan", afirmó.
"Somos gente de consenso y de diálogo, pero ellos cortaron todo consenso y todo diálogo y ahora vamos hasta las últimas consecuencias", remató el dirigente.
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