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La Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, solicitó al máximo tribunal que considere la sentencia que en 2012 condenó a prisión perpetua a tres exmilitares que fueron parte del pelotón de fusilamiento de militantes políticos encarcelados en la base aeronaval Almirante Zar, conocidos como la "Masacre de Trelew", y les rechace las apelaciones que plantearon

En el recurso extraordinario de las defensas de los tres ex militares condenados a prisión perpetua, Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino, que les concediera la Cámara Federal de Casación Penal, se argumenta que en 1972 no existía un plan o política preconcebida del Estado para cometer hechos aberrantes.

Según indica el sitio Fiscales.org.ar, Gils Carbó sostuvo que la Corte Penal Internacional (CPI) ha establecido que la metodología que cualquier sector del Estado ejecuta contra un sector de la población civil "no requiere la existencia de un plan formal, ya que las motivaciones explícitas son de escasa importancia".

"Según la doctrina, basta con que el agente sepa que existe el riesgo de que su conducta pueda ser considerada objetivamente como parte de un ataque más amplio o, dicho de otro modo, que sea consciente de que su conducta puede estar relacionada con un ataque que incrementa su peligrosidad para las víctimas o la convierte en una contribución a los crímenes de otros", señaló Gils Carbó en su dictamen.

Gils Carbó afirmó que si bien el hecho puede tener diferencias con lo ocurrido durante la dictadura de 1976 a 1983, el juicio por Trelew permitió "tener por demostrada la progresiva elaboración de un plan o política encaminada a la neutralización o eliminación de una parte de la población civil, ya a partir de 1968, mediante métodos como las detenciones masivas arbitrarias, la tortura, y la realización de acciones ejecutivas".

El 22 de agosto de 1972, la Base Almirante Zar fue testigo del fusilamiento de 19 víctimas, conocido como la “Masacre de Trelew”, donde murieron 16 presos políticos y tres sobrevivieron pero fueron desaparecidos durante la última dictadura.

En octubre de 2012, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó exintegrantes de la Armada por considerarlos coautores de homicidio agravado por alevosía y tentativa del mismo delito en concurso real, en tanto absolvió a Rubén Norberto Paccagnini y Jorge Enrique Bautista.