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Durante una audiencia en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la capital estadounidense, representantes de las organizaciones miembro de la Coalición por una Comunicación Democrática criticaron el decreto del Poder Ejecutivo, convalidado por el Congreso, que destruye la Ley de Medios Audiovisuales y fomenta la concentración de medios en manos de grupos monopólicos.

El grupo, de 18 entidades, sostuvo ante la CIDH que el desmantelamiento de la legislación representa la substitución "de un esquema participativo y multisectorial con otro de regulación y gestión puramente estatal que excluye a la sociedad civil".

El titular del CELS, Horacio Verbitsky, denunció que "se han intervenido a las autoridades regulatorias que habían sido elegidas en proceso participativo. Fueron sacados por la policía. En su lugar sólo quedan como actores los grandes medios y el poder Ejecutivo".

En tanto, en la audiencia, la representación del Estado justificó la decisión de impulsar una reforma de la ley. Durante la audiencia, el CELS presentó a las autoridades de la CIDH el siguiente petitorio:

1) Que inste al Estado a dejar sin efecto las normas que vulneran los derechos y principios establecidos por el sistema interamericano en materia de derecho a la comunicación.

2) Que requiera al Estado que se abstenga de adoptar normas generales o actos administrativos particulares que se aparten de los estándares del sistema interamericano, enfatizando el cumplimiento del principio de no regresividad.

3) En particular, que inste al Estado a respetar y garantizar los principios de pluralismo, diversidad y desconcentración.

4) Que requiera al Estado que los debates sobre nuevas normativas que pudieran promoverse cumplan con estándares de transparencia y participación a través de la convocatoria a audiencias públicas regionales con registro público. Que se convoque a participar a los medios comunitarios, pymes, universidades, sindicatos, organizaciones de derechos humanos y pueblos originarios.

5) Que requiera al Estado la continuidad en la implementación y adjudicación del Fondo de Promoción de Medios Comunitarios e Indígenas.

6) Que requiera al Estado que acepte el ofrecimiento de la RELE para asistir técnicamente en los procesos de adopción de políticas públicas sobre libertad expresión para garantizar los estándares interamericanos sobre democratización, pluralismo, diversidad, autonomía de los entes reguladores y reconocimiento de los tres sectores de la comunicación.

7) Que solicite al Estado que reciba en visita oficial al Relator Especial para la Libertad de Expresión.

8) Que proceda a la realización de un informe temático sobre el impacto de las modificaciones legales cuestionadas.

Washington, 08 de abril (Télam) Melisa Cabo , Corresponsal

El gobierno nacional y organizaciones civiles argentinas debatieron hoy sobre el derecho a la libertad de expresión y los cambios en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina, en una audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la ciudad de Washington.

El encuentro formó parte del 157 período de sesiones que lleva adelante la Comisión, tras el pedido realizado por un grupo de organizaciones civiles, instituciones académicas y cooperativas, entre otras, que dialogaron cara a cara con representantes del Estado argentino que asistieron con una delegación encabezada por el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj.

El presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, abrió la audiencia haciendo referencia al “muy alto impacto” que generó la “anulación” de la Ley de Medios en el mes de diciembre, la cual afirmó, fue llevada adelante “con el pretexto de las falencias en la aplicación” de la legislación, sustituyéndose así “un esquema participativo y multisectorial por otro de regulación y gestión puramente estatal que excluye a la sociedad civil”.

Verbitsky reclamó a su vez la decisión que llevó a la intervención de las autoridades regulatorias, a la restricción a la competencia a las cooperativas, a los pueblos originarios, universidades y a las voces de la sociedad civil, cediendo espacio así a los grandes medios de comunicación y al Poder Ejecutivo.

“Si la implementación de la Ley era incompleta e imperfecta el nuevo Gobierno tenía la posibilidad de corregir esos aspectos, pero no suprimir de un plumazo un marco jurídico que garantizaba la comunicación como un derecho de toda la sociedad y decretar la ley de la selva donde los grandes jugadores se quedaran con todo y dejaran a la sociedad sin nada”, afirmó el líder del CELS.

Carlos Nocetti, otro de los peticionarios que habló en nombre de 240 cooperativas del interior del país, resaltó que con la ley promulgada en 2009 su sector logró tener medios de comunicación y ahora, con el decreto de necesidad y urgencia emitido por el actual gobierno que la anula parcialmente, “todo eso está en riesgo porque ha desguazado el carácter antimonopólico de la Ley de Medios”.

En el encuentro tomaron a su vez la palabra miembros de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (REDCOM), Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), Universidad Nacional de Lanús, Universidad de Buenos Aires y la Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina (Arbia).

Luego de escuchar las declaraciones de las organizaciones sociales, la Comisión cedió la palabra a Avruj quien afirmó que el decreto firmado el 29 de diciembre y convalidado el miércoles por la Cámara de Diputados, fue “dictado en pleno cumplimiento de las facultades constitucionales otorgadas al Presidente y recibió el debido tratamiento ante el Congreso Nacional”.

El secretario mencionó además que durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, la política en materia de medios “estuvo dirigida enteramente a imponer la hegemonía comunicacional del gobierno nacional por sobre la pluralidad de voces que exige todo sistema democrático”.

Esto llevó a que hubieran “periodistas hostigados y encarcelados, constantes abusos de las cadenas nacionales y del sistema público de distribución arbitraria de la pauta de publicidad oficial”, agregó Avruj ante las autoridades de la CIDH presidida por James Cavallaro.

Al concluir la audiencia, el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Miguel de Godoy, que tuvo parte activa en el intercambio con la sociedad civil, aseguró que acudir al llamado de la CIDH “es una parte de sentir que la tarea está cumplida. Ahora la otra parte es seguir trabajando en todo lo que dijimos”.

“Arrancaremos otra instancia de diálogo porque eso es lo que más nos interesa, poder dialogar con todos porque cuando uno dialoga con todos la solución siempre puede ser buena”, concluyó en diálogo con Télam.

El Estado contó también con las participaciones de Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires; del el experto en la materia Eduardo Bertoni, ambos a su vez ex relatores especiales para la Libertad de Expresión de la CIDH; el embajador ante la Organización de Estados Americanos, José Arcuri; y la directora del ENACOM, Silvana Giudici.