[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Amnistía Internacional lanzó ayer una acción urgente a nivel mundial, por la cual convoca a activistas de los derechos humanos de todo el mundo a reclamar la libertad de Belén, la joven tucumana arbitrariamente privada de su libertad desde hace dos años por un aborto espontáneo y condenada hace diez días a 8 años de prisión por el delito de “homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía”, por la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán. La campaña, que trascendió las fronteras del país, consiste en enviar correos electrónicos al procurador general de Tucumán, Edmundo Jesús Jiménez, y a la ministra de Salud de la provincia, Rossana Chahla, exigiendo que ni Belén ni ninguna otra mujer o niña sea sometida a un proceso criminal por haber sufrido un aborto o cualquier otra complicación obstétrica. Hoy se conocerán los fundamentos del fallo. “Por este caso no sólo tiene que responder el gobierno local sino que el nacional también debe hacerlo”, advirtió la directora ejecutiva de AI en Argentina, Mariela Belski, en diálogo con Página/12.

“Cuando Amnistía Internacional tiene noticia de que una o más personas se encuentran en extrema situación de riesgo, activa una red integrada por decenas de miles de personas que unen su capacidad de presión enviando cartas y mensajes de correo lo más rápidamente posible al país de que se trate”, explicó Belski a este diario.

La organización internacional también exhorta al gobierno tucumano, encabezado por el ex ministro de Salud de la Nación, durante el gobierno de CFK, Juan Manzur, a que instruya a los profesionales de la salud a garantizar el deber de confidencialidad médico-paciente y los mecanismos efectivos para sancionar a todo aquel que viole el derecho a la privacidad de la mujer o niña, como ocurrió en el caso de Belén. También exige que se inicie de manera rápida, imparcial e independiente una investigación sobre las denuncias de malos tratos y violación del derecho a la privacidad por parte del personal que la atendió en el Hospital Avellaneda, de San Miguel de Tucumán, y de miembros de las fuerzas policiales, que hasta la revisaron mientras estaba internada, según contó la joven.

El correo del procurador General es edmundojimeneztuc@ gmail.com y el de la ministra de Salud, rchahla@msptucuman. gov.ar. Se pide que los correos electrónicos se envíen con copia a [email protected]. Ayer por la tarde ya habían empezado a llegar emails reclamando la libertad de Belén.

–¿Cree que es un hecho aislado la detención de la joven tucumana? –preguntó este diario a Belski.

–Sin lugar a dudas no es un hecho aislado, es el reflejo de posiciones morales conservadoras personales de operadores que ejercen funciones públicas e institucionales y que ponderan sus posiciones personales por sobre las institucionales, básicamente porque los marcos institucionales y políticos son tan poco claros, en términos normativos, que habilitan este tipo de respuesta de parte de funcionarios del Estado. Lo peor de todo esto es que este tipo de operadores de la salud, de la justicia, de la policía, exponen al propio Estado provincial y nacional internacionalmente. Particularmente, Belén y muchas otras mujeres de la región incluso, sufren los estereotipos y perjuicios de género que son impuestos por la aplicación u omisión de normas y leyes por parte de los Estados que producen violencia contra las mujeres y constituyen tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Según un reciente informe de Amnistía Internacional, el 97 por ciento de las mujeres que vive en América Latina y el Caribe en edad reproductiva están en países donde el acceso al aborto seguro está severamente restringido por ley.

–¿Qué derechos se han vulnerado en el caso de Belén?

–Principalmente el derecho a la privacidad. Hay una obligación de los médicos de que toda la información revelada por el paciente está protegida por la confidencialidad de relación médico paciente. Si es relevada hay un serio problema de violación de secreto profesional. Sumado a ello su derecho a la integridad física y a no sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes. Finalmente se han violado sus garantías procesales.

Tal como informó Página/12, Belén –ese nombre es ficticio, para proteger su identidad– llegó el 21 de marzo de 2014 con dolores abdominales al Hospital Avellaneda, donde sufrió un aborto espontáneo. Luego de recibir tratos degradantes por parte del personal de salud, fue denunciada a la guardia policial. En el expediente figura que la jefa de Parteras acudió por indicación del médico Daniel Martín, con efectivos policiales a los baños del hospital “a la búsqueda del producto que habría expulsado” Belén. En un baño –existen contradicciones acerca de en cuál de ellos, ya que hay varios– encuentran un feto y automáticamente es nombrado por médicos/as, policías y operadores judiciales como “hijo” de Belén, sin que se haya realizado ningún estudio de ADN que corrobore el vínculo, hasta el día de hoy. Belén declaró también ante el tribunal que “un enfermero me trajo un feto en una cajita y me insultó por lo que le había hecho. Yo le decía eso no es mío y me decía, ‘mira, este es tu hijo’”. También declaró que “cuando despertó del legrado en su cama de la Sala 5 estaba rodeada por varios policías que la inspeccionaban sus partes”.

La joven fue condenada dos semanas atrás a 8 años de prisión por la Sala III de la Cámara Penal por “homicidio doblemente agravado y por alevosía”. En el caso tomó intervención la Fiscalía V a cargo de Washington Dávila. El fiscal dispuso que Belén quede presa. Desde que llegó al Hospital Avellaneda, la joven, entonces de 25 años, no pudo volver nunca más a su casa porque luego se dictó su prisión preventiva, que continuó –y continúa– hasta el día de hoy. Está detenida en la Unidad Penitenciaria N°4 de Tucumán. Tras la sentencia, tomó su representación legal la abogada Soledad Deza, de Católicas por el Derecho a Decidir. Deza está preparando la apelación y un pedido de excarcelación para que Belén pueda recuperar la libertad.