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La economía argentina está en recesión y caerá 1,5 por ciento este año, con aumento del desempleo e inflación anual superior al 30 por ciento, estimó ayer la calificadora Moody’s. En su informe, la firma estadounidense vaticinó que, en el corto plazo, “estos obstáculos económicos generarán desafíos para los consumidores, así como también para las empresas y el sector público”. Pese a ello, aseguró que “todavía es necesaria una reducción sostenida de los desequilibrios macroeconómicos del país para sustentar mejoras adicionales en las perspectivas crediticias del gobierno, las empresas y los bancos”, aunque reconoció que esas mejoras se retrasarán por la actual recesión que sufre el país.

La calificadora aseguró que el regreso de Argentina a los mercados de capitales internacionales después de 15 años, “marcó uno de los aciertos más significativos del gobierno del presidente Mauricio Macri”. “El retorno del gobierno a los mercados globales abre el camino para que los deudores corporativos con mayor flexibilidad, coloquen deuda en los mercados de capitales internacionales. Esperamos que algunas de las empresas más grandes de Argentina emitan bonos en el corto plazo”, añadió.

No es la primera vez que Moody’s se alinea con el gobierno de Cambiemos. Dos días después de que Mauricio Macri fuera electo presidente, la calificadora, que solía castigar a la deuda soberana argentina por supuestas fragilidades económicas, mejoró el panorama crediticio ante la expectativa de que el sesgo político del país fuera más favorable a la posición financiera. La agencia de rating colocó entonces en positivo la expectativa de suba de la nota a la espera de un acuerdo con los fondos buitre que le permita al país volver a endeudarse. A su vez, el pasado 15 de abril, cuando Argentina se aprestaba a pagarle a los fondos buitres, la calificadora elevó la nota de la deuda argentina a “B3” con perspectiva estable. La agencia destacó “las mejoras en las políticas económicas que tomó el nuevo gobierno desde diciembre”. Entre ellos puntualizó “el levantamiento de los controles de capital, permitir que el peso flote más libremente, y la reducción de los subsidios a la energía y el transporte”.

Moody s evaluó ayer que los bancos en la Argentina “tendrán poca necesidad de obtener financiación mediante la emisión de deuda internacional durante el próximo año. Y tienen oportunidades limitadas para cubrir sus obligaciones en moneda extranjera de largo plazo”. En este marco, la compañía confió en que “los recientes cambios de políticas económicas y normativos impulsados por el gobierno, remodelen el entorno del mercado de financiamiento estructurado de Argentina, incrementando la diversidad de los tipos de activos securitizados”. “Por ejemplo, la desregulación de los límites a las tasas de interés para los préstamos de consumo promoverá una mayor emisión de transacciones de valores respaldados por activos, tales como préstamos personales, tarjetas de crédito, préstamos prendarios para la compra de automóviles y cuentas por cobrar”, consideró. Por último, sostuvo que la financiación internacional “también permitirá que las provincias argentinas puedan garantizar una financiación a largo plazo necesaria para financiar nuevos proyectos de infraestructura tras años de desinversión, así como también refinanciar bonos internacionales existentes, posiblemente bajo términos más favorables”.

Las calificadoras históricamente han cumplido un papel central en la arquitectura financiera internacional promocionando el endeudamiento de los países que, en muchos casos, deben recurrir posteriormente a importantes programas de ajuste para poder cumplir con la carga de abultados intereses de la deuda. El país interesado en endeudarse requiere necesariamente legitimar la iniciativa a través de las notas que otorgan firmas como Standard and Poor’s, Moody’s y Fitch.

Muchos organismos reguladores exigen que los bonos posean el sello de aprobación de las calificadoras, mientras que los inversores, fundamentalmente los institucionales como fondos de pensión o aseguradoras, deben guiar sus operaciones de acuerdo a la ponderación que otorgan a los instrumentos financieros Moody’s, S&P y Fitch. Esos inversores compran los bonos si y sólo si recibieron la codiciada calificación AAA.

A mediados de 2008, la SEC había difundido el documento Summary report of issues identified in the commission staff’s examinations of select credit rating agencies. En esa investigación el organismo regulador, el mismo que creó las condiciones de mercado oligopólico desregulado para la consolidación de las calificadoras, cuestionó duramente la consistencia, rigurosidad y profesionalidad de esas empresas al momento de evaluar el riesgo. Uno de los pasajes más jugosos corresponde a un intercambio de mails entre ejecutivos de una de las empresas donde el analista reconoce que su modelo de evaluación no captura la “mitad” del riesgo de la emisión, aunque señala con ironía que “la colocación podría estar estructurada con vacas y nosotros la calificaríamos” (“It could be structured by cows and we would rate it”). No obstante, pese al reconocimiento de los fallidos de las agencias de riesgo, la arquitectura financiera internacional no ha mostrado un salto de calidad deslegitimando la actividad de estas firmas, con el objetivo de reemplazarlas por instituciones con menos incentivos a especular.