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El empresario Lázaro Báez, detenido hace exactamente un mes, acusó al juez federal Sebastián Casanello de encabezar una "venganza popular" en su contra, a través de "procedimientos inquisitivos", que implicaron allanamientos y la incautación de sus bienes, para saciar "una exigencia mediática de castigo".

Según trascendió, Báez aseguró que "lo están persiguiendo por ser un empresario con plata" y se quejó por la investigación que encabezó en su contra la fiscalía a cargo de Guillermo Marijuan, quien dirigió los procedimientos en Santa Cruz la semana pasada.

En el escrito que presentó como descargo, Báez se quejó de la velocidad que en las últimas semanas tomó la investigación, y advirtió que "el ritmo impuesto al legajo, así como la dirección de la investigación, revelan la mutación de una investigación seria y conducida bajo estrictos parámetros de respeto por el derecho de defensa y el debido proceso, a la consagración del más primitivo sentimiento de venganza popular (y judicial) canalizado a través de la mera protocolización de actas que se incorporan a un legajo en orden sucesivo".

"Se da respuesta a una exigencia mediática de castigo cuya virulencia parecería legitimar el conjunto de medidas infundadas que lastiman los derechos y garantías constitucionales más básicos, como la libertad, el patrimonio, la propiedad, el debido proceso y la inocencia", dijo.

Y añadió: "este proceso conserva más similitudes con los métodos de la sagrada inquisición para el 'juzgamiento' de culpables que con uno de la actualidad. La hoguera mediática alimentada por distintos actores, incluso judiciales, a diario, no está exenta del tratamiento referido. El legajo seguramente será calificado en el futuro como el Malleus Maleficarum de la actualidad. Así será evocado y recordado dentro de pocos años".

El empresario criticó a Casanello por su "arbitraria selección de palabras" que conformaron su imputación sin "pruebas en el expediente" para justificar una "imputación penal", y subrayó que la acusación "no identifica nada" sino que describe "una operación financiera que, observada desde la actualidad normativa, no constituye infracción alguna al ordenamiento legal", a lo que se le suma "en forma arbitraria y caprichosa, una consideración general de ilicitud de los fondos utilizados para llevar adelante esa operación".

"Me han informado que mi palabra, en esta situación, está íntimamente vinculada a la posibilidad de ser oído, de defenderme. Sin embargo, le pido al juez que antes de convocarme a defenderme de algo, describa ese 'algo' como un acontecimiento ilícito. Y si sucede como en el caso, que no lo puede hacer, directamente le solicito -por expresa imposición de la ley- que no me convoque", advirtió.