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La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, celebró que el Tribunal Supremo haya suspendido provisionalmente el mandato del jefe de los Diputados, Eduardo Cunha, e insistió en que el debate parlamentario que la próxima semana puede apartarla del cargo comenzó a raíz de un "chantaje" del propio Cunha, quien esperaba que el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) lo apoyara y rechazara la apertura de un juicio contra él en la Comisión de Etica de la Cámara baja.

"El inicio del impeachment (juicio político destituyente) fue un chantaje del señor Eduardo Cunha, que pidió al Gobierno votos para impedir su propio juicio en la Comisión de Ética. Pero nosotros no le dimos los votos", afirmó la mandataria durante la ceremonia de inauguración de la usina hidroeléctrica de Belo Monte, en la Amazonía brasileña.

Cunha enfrenta un proceso en el Consejo de Ética de la Cámara baja, que indaga si le mintió al Congreso al negar que tenía cuentas cifradas en Suiza, cosa que él siempre ha negado fehacientemente pero que fue confirmado por la Justicia helvética.

Cunha incurrió en "un claro desvío de poder porque usó su cargo para vengarse de nosotros porque no nos doblamos ante el chantaje", sostuvo Rousseff. "Lo único que lamento es que consiguiera presidir el lamentable proceso de la Cámara", agregó al referirse a la decisión del plenario de la Cámara baja de dar continuidad a los trámites para el juicio contra la mandataria.

Rousseff reiteró que el proceso para desalojarla del poder es "golpista" porque no cometió ningún "delito de responsabilidad", condición para justificar el impeachment.

Los impulsores del proceso denuncian, en cambio, que la mandataria malversó fondos públicos por reasignar partidas presupuestaras para atender urgencias sociales. La jefa de Estado también hizo hincapié en el argumento de que la oposición no acepta haber perdido las elecciones presidenciales de 2014 y, por eso, está llevando a cabo "una elección indirecta travestida de impeachment".

En caso de que el Senado apruebe el inicio del juicio, la mandataria debería abandonar el cargo durante los 180 días que puede durar el proceso, lapso en el cual sería sustituida por su vicepresidente, Michel Temer.

En caso de que la jefa de Estado finalmente sea destituida, Temer completaría su mandato, que termina el 1 de enero de 2019.