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Luego del freno judicial que obtuvo el aumento del gas en las provincias del sur, un grupo de intendentes del conurbano presentará una demanda. El Gobierno adelantó que apelará todos los reclamos.

La disputa alrededor del tarifazo continúa a pesar de los paliativos que aceptó introducir el macrismo. El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, declaró que hoy presentará un pedido de cautelar para tratar de suspender los ajustes en instituciones sociales de su zona, junto con las intendentes de Ituzaingo y Merlo (ver aparte). El reclamo recaería en la juez Federal de San Martín, Martina Isabel Forns, que el martes suspendió la aplicación del aumento de la electricidad en un centro de salud de Tres de Febrero y ayer anticipó que seguirá analizando pedidos de amparo porque la suba de tarifas es “desproporcionada”. El Gobierno, por su parte, dijo que apelará todo tipo de presentaciones judiciales, entre usuarios residenciales, pymes, universidades, hospitales y clubes de barrio. De este modo, la batalla judicial promete continuar junto a la negociación política.

La respuesta que atinó a dar el Gobierno ante el descontento social y las señales de alarma sobre el empleo a raíz del tarifazo fue fijar un tope de aumento del 400 por ciento para los consumos de las familias patagónicas y de La Pampa, contra un alza promedio que habían sufrido hasta ahora superior al 500 por ciento en promedio. En el caso de comercios y pymes, el sector más afectado por los incrementos en las tarifas, el Ejecutivo ofreció que se pueda pagar la mitad de la boleta de gas ahora y el resto en los dos veranos siguientes.

A pesar de esas modificaciones, los reclamos en sede judicial siguen apareciendo. En ese sentido, el Gobierno anticipó que apelará todas las medidas cautelares que defina la Justicia en contra del tarifazo. Con ello, el Ejecutivo pretende dar señal de fortaleza y mantener cierto margen de negociación política para evitar que la Justicia le recorte grados de libertad en sus decisiones económicas.

Un caso que llegó a sede judicial y que tuvo bastante repercusión es el del Hospital Privado Nuestra Señora de la Merced, ubicado en la localidad de Tres de Febrero, cuya factura de Edenor saltó de un mes a otro de 50 mil a 300 mil pesos. La entidad presentó un recurso de amparo y la jueza federal Forns interpuso una medida cautelar para frenar el aumento. Además, ordenó a la distribuidora que devuelva al hospital los incrementos que ya haya cobrado y que no incluya aumentos por el período de tres meses.

“Se puede ver un aumento que es muy desproporcionado y que fue aplicado de un día para el otro en una clínica, que no puede cerrar sus puertas porque hay pacientes a quienes se les vulneraría el derecho constitucional a la salud. Por eso se justifica mi decisión de suspender la aplicación de la suba tarifaria”, explicó ayer la jueza. El cuestionamiento judicial se basa en la desproporción del aumento pero también en la forma, ya que el Ejecutivo no respetó el llamado a audiencia pública que exigen las modificaciones tarifarias.

“Se trata de una medida cautelar en el marco de un amparo. Se debe mirar cada caso en particular. En el caso del hospital privado se analizaron facturas y los argumentos de las partes y se ha corrido traslado al Ministerio de Energía y al ENRE. Los aumentos han sido en todos los casos muy desproporcionados y sobre todo no graduales, dando lugar a la imprevisibilidad. De hecho, las resoluciones salieron el 29 de enero para ser aplicadas el 1 de febrero. En el caso de un comercio, puede cerrar las puertas y dejar de prestar la actividad. Pero un hospital tiene pacientes, tiene internación, no existe esa posibilidad porque se afectaría el derecho constitucional de la salud. Es una actividad especial que debe ser protegida”, dijo la jueza. La medida cautelar tiene una vigencia de tres meses prorrogable a seis meses.

“De todas formas, todas las situaciones deben ser evaluadas, porque se usó una fórmula matemática de la noche a la mañana sin tener en cuenta al usuario”, agregó Forns, que tiene competencia en 20 partidos del Gran Buenos Aires donde viven 6 millones de personas.

La jueza advirtió que el problema no sólo es la magnitud del aumento y el hecho de que se aplicó de manera intempestiva sino también la forma que adoptó la medida. “Entre los argumentos del fallo también está la falta de convocactoria a una audiencia pública, que es un punto importante. La audiencia implica una transparencia, implica escuchar a los usuarios”, señaló la magistrada.

El Gobierno justificó en su momento que la audiencia había sido convocada en 2005 pero que los aumentos aprobados luego no se llevaron a la práctica. Las asociaciones de consumidores rápidamente salieron a criticar ese argumento. “Cuesta creer que un funcionario de semejante rango –en referencia a Juan José Aranguren, ministro de Energía– haga un planteo tan inédito”, dijo Pedro Bussetti, titular de Deuco; mientras que Claudio Boada, de Unión de Usuarios y Consumidores, coincidió en que “esa audiencia a la que el Gobierno apela no tiene ningún tipo de pertinencia”. También hubo reclamos de los intendentes peronistas de Lomas de Zamora, San Martín, Almirante Brown y Hurlingham, entre otros.

Forns tiene en su juzgado gran cantidad de recursos de amparo presentados para frenar el tarifazo. Uno de los sectores más dinámicos movilizados para suspender el aumento es el de cooperativas de trabajo, que como antes recibían una mayor proporción de subsidios ahora la suba les golpea con más fuerza. Uno de los amparos fue presentado en forma conjunta por 15 cooperativas de la provincia de Buenos Aires que se dedican a actividades como hotelería, textil, gráfica, imprenta, metalmecánica, software, gastronomía y servicios veterinarios y que se encontraron con subas de electricidad y gas de hasta el 740 por ciento.