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Las recientes declaraciones del presidente Macri, en las que dijo ignorar el número de desaparecidos víctimas del terrorismo de Estado, han vuelto a legitimar desde lo más alto de la institucionalidad la corriente del negacionismo histórico. Macri no sabe cuántos son, “si son los que están anotados en un muro o si son mucho más. Es una discusión que no tiene sentido”. A su vez, utilizó el término “guerra sucia” para referirse a la última dictadura y tildó de “desquiciada” a Hebe de Bonafini, en grave pero no sorprendente consonancia con el término de “locas” con el que se rotulaba a las Madres de Plaza de Mayo durante el gobierno de facto. Para completar el cuadro confundió la Secretaría de Derechos Humanos de su gobierno con el área de Recursos Humanos (sic).

La misma línea de pensamiento puede hallarse en las palabras del ex ministro de Cultura Darío Lopérfido, quien sostuvo que hubo familias que inventaron familiares desaparecidos al solo efecto de cobrar subsidios desde el Estado, respaldado por las editoriales del diario de su familia política, los Mitre, quienes piden de todas las formas posibles detener los juicios contra genocidas, llamándolos actos de “venganza” y responsabilizando a la guerrilla de haber obligado a las Fuerzas Armadas a desaparecer, torturar y robar bebés. Si a esto se le agrega la visita de la defensora de represores Cecilia Pando a las oficinas del ministro de Justicia, Germán Garavano, y la predisposición judicial para brindar la liberación de Etchecolatz, no es difícil concluir que nos hallamos ante un clima de avanzada política que busca retornar a la impunidad.

En una carta a Graciela Fernández Meijide, el ex secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde repasó los motivos por los que la cifra de 30 mil no resultaba en absoluto arbitraria. Sus argumentos fueron:

a) “La cantidad de sitios clandestinos de detención y exterminio, en todo el país, que superan el número de 500”.

b) “Las estimaciones sobre el número de prisioneros que hubo en los grandes centros de detención y exterminio como la ESMA, Campo de Mayo, La Perla, el Batallón de Tucumán, el Circuito Camps, El Olimpo, El Atlético, etc., ya que ellos solos superan con creces el número actual registrado en la Conadep y la Secretaría de Derechos Humanos”.

c) “La estimación en torno al número proporcional de Habeas Corpus presentados en el país”.

d) “El número de integrantes de las estructuras militares afectadas a la represión ilegal durante todo el periodo dictatorial que superan los 150 mil hombres, activos a la caza de sus víctimas”.

e) “Los propios dichos de los militares previo al golpe de Estado, de que sus relevamientos efectuados con anterioridad, desde las escuelas hasta las fábricas, que indicaban en más de 30 mil las personas a eliminar (ver por, ejemplo, los dichos de un militar en la carta del escritor Haroldo Conti desaparecido el 5 de mayo de 1976, escrita previa al golpe y dirigida a Roberto Fernández Retamar de fecha 2 de enero de 1976)”.

f) “Los informes de la embajada norteamericana al Departamento de Estado, haciendo constar que en el año 1978 los jefes de la dictadura argentina informaron a la DINA chilena que las víctimas alcanzaban ya el número de 22 mil. Debe recordarse que la dictadura continuó en su labor represiva ilegal de secuestros y asesinatos por cinco años más con posterioridad a ese informe y que aquella cifra de 22 mil correspondía a solo los dos primeros años de la dictadura”.

El término negacionismo ha sido originalmente utilizado en los países atravesados por el nazismo para describir aquellos postulados que negaban la magnitud de los hechos del Holocausto y así buscar impedir que se desarrollaran sus juzgamientos y derivaciones políticas. Actualmente se ha extendido para señalar a todos aquellos que busquen relativizar y dejar impune cualquier genocidio. Países como Alemania, Austria, Francia, Israel, Portugal, Luxemburgo, República Checa, Lituania, Polonia, Rumania, Liechtenstein, Malta, Eslovenia, Eslovaquia, Matvia, Andorra, Hungría, Grecia o Suiza, tipifican como delito a quienes pongan en discusión, como se ha oído más de una vez, que el número de judíos asesinados por el nazismo haya sido inferior a 6 millones. El caso más resonante es el del historiador británico y biógrafo de Hitler David Irving, quien fue condenado a 3 años de prisión por haber negado la existencia de las cámaras de gas y los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial.

Es necesario crear herramientas jurídicas que pongan en blanco sobre negro la dimensión de la tragedia sufrida por nuestro país entre 1976 y 1983. La propia Corte Suprema ha declarado que los crímenes cometidos en dicho período se enmarcan en el concepto de genocidio. Dotar a la Justicia de un recurso para que comparezcan y sean juzgados sus apologistas no sería otra cosa que la extensión de figuras ya existentes en nuestro Código Penal. Asimismo sería un gran avance incluir un agravante cuando estas frases sean pronunciadas por funcionarios públicos, convirtiendo el negacionismo en causal de juicio político. Es una de las pocas armas con que podremos enfrentar lo que a esta altura parece un negacionismo de Estado.

* Espacio Reconquista.