El requerimiento fue hecho por los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques al juez Julán Ercolini para que cite a indagatoria a la exmandataria, al exministro de Planificación Julio De Vido, al exsecretario de Obras Públicas José López, y al subsecretario Abel Fatala, entre otros, en la causa que investiga la construcción de rutas en Santa Cruz, entre 2003 y 2015, que en su mayoría estuvieron a cargo de empresas de Lázaro Báez.

Los acusadores entendieron que habría existido una planificación cuyo objetivo final era que Báez se quedara con esas contrataciones estatales, y para ello primero lo introdujeron en el mundo de la construcción sin que tuviera antecedentes para ello. Luego, siempre según la hipótesis, habrían instruido a funcionarios nacionales sobre la forma de disponer de las obras y, finalmente, habrían direccionado las adjudicaciones para el empresario.

Según la petición, Cristina Kirchner y Báez "se habrían dedicado de manera sistemática y constante a llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos, evidenciando de esta manera una matriz de actuación propia, en lo que la comunidad internacional ha definido como hechos de corrupción".

"El amigo y socio comercial de la exfamilia presidencial era el más beneficiado en los procesos de licitación, adjudicación y control de obra pública vial que eran asignados a las empresas de su grupo económico -entre ellas, Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti y Sucesión de Adelmo Biancalani-", sostuvieron en el escrito.