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Los niveles de pobreza e indigencia publicados ayer por el Indec expusieron las consecuencias de la actual política económica. Las consecuencias de esa estrategia ha sido la transferencia de ingresos hacia la cúpula empresaria habilitada por la devaluación, la reducción de las retenciones, la aceleración inflacionaria, los tarifazos, la apertura comercial, la reducción del gasto público, la menor intervención del Estado en las cadenas de comercialización y la bicicleta financiera inició un proceso de redistribución regresiva del ingreso. Los nuevos índices sociales revelan la relevancia de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, jubilados y beneficiarios de la AUH si se pretende reducir la pobreza medida según el nivel de ingresos. Página/12 consultó a cuatro especialistas sobre las posibilidades de alcanzar el promocionado objetivo de “pobreza cero” dentro del nuevo modelo económico propuesto por el gobierno de Mauricio Macri y las limitaciones de la medición tradicional de la pobreza utilizada por el Indec.

“La política implementada por el Gobierno generó una importante transferencia de ingresos hacia el agro y algunos sectores industriales. Las medidas estuvieron acompañadas por una aceleración inflacionaria que erosionó el poder adquisitivo de los trabajadores, con más fuerza entre aquellos de menores ingresos, y también se registró (IET), Mariano de Miguel, al afirmar que “la combinación de devaluación, quita de retenciones y aumento de tarifas garantizaba un aumentó en la pobreza”. En ese sentido, el docente e investigador de la Universidad Nacional de Rosario, Sergio Arelovich, remarcó que “buena parte de los derechos universales y beneficios de los programas de inclusión que el año pasado alcanzaban a más de 8,5 millones de personas han sido esterilizados por la inflación, el desempleo, la reducción de las horas trabajadas, la finalización de las changas, los tarifazos y encarecimiento del transporte público”.

“En la medida en que haya niveles de inflación muy elevados la pobreza monetaria es muy castigada, el desafío es sostener niveles de ingresos reales y para eso, entre otras cosas, es necesaria una política activa del Estado en materia de transferencias”, expresó el subdirector del Departamento de Economía de la FCE-UBA, Javier Crucio. Este economista consideró que “existen algunas respuestas desde el Gobierno que son insuficientes y deben ser complementadas con otras políticas y mayor coordinación”. En ese sentido, Crucio advirtió que “la salida macroeconómica que propone el Gobierno a través del blanqueo, inversiones extranjeras y exportaciones parece un exceso de voluntarismo frente al complejo contexto internacional y local”.

De acuerdo a los datos construidos por IET que forma parte del UMET-CITRA, la nueva lógica económica estuvo acompañada por una caída significativa en la participación de los asalariados en el producto. “Volver a crecer el año que viene no garantiza mejorar los indicadores laborales. Para que el crecimiento se traduzca en menos pobreza es necesario que mejore el poder adquisitivo del salario”, indicó De Miguel a este diario. “Las medidas adoptadas por la gestión de Macri dejaron en condiciones de pobreza a un nuevo numero de personas por aumento del desempleo y caída de los ingresos. Una agenda contra la pobreza para los próximos años puede dividirse en dos planos. En el corto plazo es necesario revertir el aumento de la pobreza que generaron las políticas del nuevo gobierno, esto es a partir de la recomposición de los ingresos, jubilaciones, salarios y otros no salariales como pueden ser la AUH, las asignaciones familiares, entre otros”, señaló el Leandro Ottone del Instituto de Trabajo y Economía (ITE). “En el mediano plazo es necesario encarar una agenda sobre el desarrollo de una estructura productiva que emplee a más personas y se mejoren las condiciones laborales”, consideró el investigador del centro que depende de la Fundación Germán Abdala.

Por su parte, Crucio celebró la publicación de las estadísticas de pobreza pero destacó que la medición tradicional por nivel de ingreso “es necesaria pero incompleta ya que deja afuera cuestiones estructurales” vinculadas a la nutrición, la protección contra la violencia, el acceso a vivienda digna, salud, educación y la disponibilidad de al agua potable, entre otros elementos vinculados al carácter multidimensional del fenómeno. “La publicación del nuevo indicador abre una puerta para comenzar a discutir de qué manera medimos la pobreza y enfocarnos a elaborar un indicador más amplio”, coincidió Ottone. Las limitaciones entre las estimaciones para la pobreza por ingresos habilitaron al desarrollo de indicadores que contemplen una mayor cantidad de variables/dimensiones estructurales de otra forma ignoradas en las estadísticas que, por el momento, no figuran en la agenda de las autoridades del organismo estadístico.

En tanto, Arelovich explicó además que “inferir niveles de pobreza e indigencia a partir de los ingresos, no sólo deja afuera el método de las necesidades básicas insatisfechas sino que se pierde la interpretación del lugar que ocupan los planes sociales y los derechos universales reconocidos sobre la pobreza”. Para este especialista a partir de 2003 se construyó “una red con suerte diversa que se hizo cargo de buena parte del problema de la exclusión, si bien sin resolver las causas originantes, reproductoras y amplificadoras de las desigualdades. El gobierno entrante simplemente comenzó un proceso de destrucción de tal red”.