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Tres de cada diez funcionarios jerárquicos reclutados por el Gobierno de Mauricio Macri ocuparon alguna vez un puesto gerencial en el sector privado. Son 114 ejecutivos de las principales compañías y estudios de abogados del país que desembarcaron en alguno de los 367 cargos de ministro, secretario y subsecretario que constituyen la nueva estructura del Estado nacional. Los empresarios y dirigentes corporativos desbordaron las áreas económicas, donde tendieron a posicionarse a lo largo de la historia reciente, para colonizar el ala política del gabinete, transformándose así en actores decisivos en la toma de decisiones en esos sectores. Un exhaustivo relevamiento del Observatorio de las Elites Argentinas perteneciente al Instituto del Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín revela que el 53 por ciento de los funcionarios provenientes del sector privado ocupaban un puesto de alta o media gerencia antes de ser designados en sus respectivas carteras.

Shell, Techint, Socma, LAN, JP Morgan, HSBC, Axion, La Nación, Newsan, Pan American Energy, Deutsche Bank, Farmacity, ICBC y Consultatio son algunas de las empresas donde se desempeñaron los funcionarios de Cambiemos. Educación en universidades privadas, ausencia de participación político-partidaria y escasos antecedentes en cargos públicos son las señas particulares reiteradas entre quienes desembarcaron en el gabinete a partir del 10 de diciembre de 2015. Con un 70 por ciento de los cargos jerárquicos ocupados por individuos provenientes del sector privado, la Jefatura de Gabinete es la dependencia estatal con mayor concentración de CEO. El podio lo completan los ministerios de Energía y Comunicaciones, donde el porcentaje de gerentes alcanza al 50 por ciento del total. De acuerdo al relevamiento, lo siguen de cerca las carteras de Hacienda y Finanzas (48 por ciento) e Interior y Obras Públicas (40 por ciento).

Desde el equipo coordinado por las sociólogas Ana Castellani, Paula Canelo y Mariana Heredia enfatizan que el análisis de las trayectorias sociolaborales y educativas de los 367 funcionarios jerárquicos del Estado nacional “permite comprender mejor los objetivos del Gobierno y el contenido de sus políticas públicas, identificar cuáles son las áreas de gestión más poderosas y entender por qué, conocer quiénes son sus aliados sociales y políticos, y establecer qué sectores sociales se podrán beneficiar o perjudicar con las medidas implementadas, entre otras importantes cuestiones”.

El colectivo de 18 investigadores y 16 asistentes a cargo del trabajo que será publicado en noviembre, al que tuvo acceso Página/12, no desconocen que a lo largo de la historia reciente hubo empresarios o dirigentes corporativos integrando gabinetes nacionales, sobre todo en las áreas de gestión económica y financiera. Lo inédito del proceso abierto hace diez meses es la dimensión cuantitativa y cualitativa que adquirió la penetración corporativa.

A contrapunto de los argumentos sobre la supuesta “expertisse”, “eficiencia” y “modernización” que aportarían a la gestión estatal, las doctoras Canelo y Castellani levantan una serie de advertencias: a) el sesgo antiestatal, antipolítico y promercado que impregna la ideología de los CEO y gerentes; b) las lealtades que traen al seno del Estado y del gobierno quienes desarrollaron sus trayectorias en el sector privado, aumentando la probabilidad de conflictos de intereses y la permeabilidad a las presiones de los actores económicos; c) las dificultades para cohesionar un cuerpo de funcionarios caracterizado por compromisos políticos débiles; y d) la extrapolación de criterios organizacionales propios del management a la administración pública.

Una vieja tradición

A lo largo de la historia reciente, en especial durante dictaduras y en los años de aplicación de reformas estructurales, la presencia de empresarios o dirigentes corporativos en los gabinetes se concentró en las áreas de gestión económica y financiera. Desde que asumió Macri, ese ámbito involucra a 4 ministerios con un total de 82 cargos jerárquicos donde el rasgo sobresaliente es precisamente la presencia de funcionarios con trayectorias ocupacionales en cargos de alta dirección en el sector privado. El Ministerio de Energía, cuyo titular Juan José Aranguren se desempeñó por más de 30 años en Shell, concentra la mayor cantidad de funcionarios con trayectorias privadas “puras”: un 50 por ciento de los cargos está ocupado por ex CEO. “Es el plantel que presenta los mayores riesgos por conflicto de interés, ya que gran parte de estos funcionarios vienen de ocupar altos cargos en empresas del sector energético”, indican Canelo y Castellani.

De acuerdo a los datos del relevamiento, Agroindustria y Producción constituyen “el reino de las corporaciones sectoriales”. La totalidad de sus integrantes registran trayectorias laborales en el sector privado y cerca del 45 por ciento estaban ocupando un cargo de ese tipo antes de ingresar al gabinete. A diferencia de Energía, la presencia de los CEO es relativamente menor (27 por ciento en Agroindustria y 39 por ciento en Producción). Sin embargo, Canelo, Castellani y Heredia remarcan que más de un 80 por ciento integró corporaciones representantes de los intereses empresarios (UIA, SRA, CAC, entre otros).

Colonizar el ala política

“Un rasgo clave para comprender el gabinete macrista es la colonización que los CEO han realizado del área política, espacio tradicional de los funcionarios políticos, integrada por la Jefatura de Gabinete, Presidencia y los ministerios de Interior y Modernización”, sostienen las investigadoras de la Universidad de San Martín. Con el 70 por ciento de los cargos jerárquicos cubiertos por ex gerentes y directivos de grandes empresas, la Jefatura de Gabinete conducida por Marcos Peña encabeza el listado superando incluso al Ministerio de Hacienda y Finanzas, donde Alfonso Prat-Gay incorporó en distintos cargos jerárquicos a ex directivos de grandes bancos como JP Morgan y Deutsche Bank. Para los responsables del Observatorio de las Elites Argentinas, la Jefatura de Gabinete se consolidó como la “gerencia política general” del gobierno de Macri.