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Una política integral de seguridad no se puede garantizar sólo desde el gobierno provincial. La descentralización que conllevaba el proyecto de las policías locales –que fue rechazada en su momento por el Frente Renovador y debió salir por decreto del gobernador Daniel Scioli– apostaba a sumar responsabilidades de todos los niveles, con un necesario protagonismo de los municipios, en la conducción política pero también en materia de rendición de cuentas por el desempeño que en cada territorio tuvieran esas policías.

Si miramos para atrás, en materia de seguridad está casi todo dicho. El asunto ahora es implementar en la práctica todo lo estudiado, todo lo que aprendimos. En ese sentido, y después del primer hito al que se enfrentó con la fuga de los presos del Triple Crimen, la gobernadora María Eugenia Vidal debe dar un primer paso para ser coherente con el reconocimiento de que sectores de la policía, de la política, del poder judicial y el crimen funcionaban con connivencia. Debe, entonces, convocar a los líderes de la oposición y de la sociedad civil que sientan la necesidad y el compromiso de construir una sociedad justa. Así se podrá establecer un plan, buscar consenso, realizar una reforma integral de la justicia..

Una de las medidas más adoptadas por todas las gestiones en la provincia de Buenos Aires son las purgas policiales. Entendemos que tampoco alcanzan: de hecho, en los últimos años hubo 32 purgas. Creer que con esas medidas se mejora la Policía es insistir con una herramienta que ya se usó y que no sirve si no se transforma estructuralmente la concepción de conducción, el modelo de organización y sobre todo la política de rendición de cuentas administrativas y judiciales. Algo así como salir de la lógica de la manzana podrida para entender de una vez por todas que acá el problema es el cajón mismo.

Mandar más fuerzas nacionales a la provincia tampoco soluciona el grave problema de la inseguridad. Si no tenemos un plan a mediano y largo plazo para recuperar y reestructurar las fuerzas de seguridad, es muy difícil modificarlas. Y no es responsabilidad únicamente de quien gobierna, el que gobierna solo conduce la reforma.

No somos hipócritas y reconocemos que María Eugenia Vidal heredó una situación política compleja. Pero las buenas intenciones no alcanzan si no hay un plan a largo plazo. Por eso ratifico que se debe accionar ahora porque el año que viene hay elecciones y los períodos electorales generalmente infectan con cuestiones e intereses de muy corto plazo las temáticas de una gravedad extrema como es la seguridad. Hay que aislar el tema seguridad de la campaña.

En concreto, proponemos las siguientes medidas:

1. Establecer una política de estado en materia de seguridad, que implica convocar a los dirigentes políticos, personalidades de la justicia y de la sociedad civil, académicos, empresarios, hombres y mujeres que acompañan a las madres que luchan contra el paco, que han denunciado la violencia policial o el narcotráfico. A todos quienes han dado un testimonio y luchan en el tema.

2. Redefinir el sistema de controles externos e internos en materia disciplinaria, tanto para asegurar respuestas frente a la irregularidad como para terminar con el uso extorsivo de los sistemas de control que actualmente ponen a los buenos policías a merced de la persecución disciplinaria de conducciones jaqueadas por la corrupción y el abuso.

3. Adoptar medidas inmediatas en el ámbito del Poder Judicial. Hay que dejar muy en claro en este punto que la voluntad es ir a fondo, que no sea una puesta en escena para los medios ni una foto para ganar tiempo. Y eso implica darle elementos a la justicia –a los buenos jueces y fiscales– para que puedan actuar de acuerdo a la ley. Tener una política que, además de Asuntos Internos –más enfocada a la gestión administrativa y de investigación–, se afinque con determinación y con fuerte acento en el control territorial en tiempo real y más aún con los elementos con que se dispone en la actualidad.

4. Tomar conciencia de que el principal responsable de la crisis de seguridad, salvo honrosas excepciones, es la defección del Poder político, en la provincia de Buenos Aires y en todo el país, que llegado un punto del conflicto pacta con la policía en contra de lo prometido al electorado. El mandato, entonces, es gobernar bien.

5. Poner en práctica, de una vez por todas, la policía judicial.

6. Ejercer un fuerte control social que deber ser participativo e implementado desde lo más profundo de la sociedad civil para que funcione como el contrapeso del control institucional. Porque una renovación de las Fuerzas de Seguridad debe poner en discusión el hecho obvio de que la violencia institucional cae sobre sectores populares diezmados, y debe tener una política inequívoca de no tolerancia al abuso del gatillo. El problema no es nuevo: corrupción y violencia son sistemáticas y van de la mano.

7. Rediscutir la política criminal en materia de drogas que hoy está concentrada en la persecución y criminalización de usuarios. Si se toman medidas en nombre del combate contra el narcotráfico –las estrategias punitivas ya fracasaron en todo el mundo–, hay que discutir en serio la política criminal que hace que hoy el foco se centre en los pequeños consumidores y poner en discusión la desfederalización de la ley de drogas.

8. Aplicar todas estas medidas pero siempre teniendo en claro que la mejor política contra el delito es la prevención, en el marco de una gestión concreta que brinde elementos tales como iluminación, asfalto, agua, urbanización de asentamientos y barrios críticos, políticas de inclusión laboral, educativa, social, deporte, salud, y todas aquellas acciones que muestren al estado seriamente comprometido en los hechos, no meramente con acciones de prensa.

Estas medidas u otras mejores deben empezar a discutirse en tiempo récord. Necesitamos que se apliquen y que la sociedad vea que esta vez es en serio, que no es otra puesta en escena para la foto. Las medidas urgentes ayudarán a que la reforma de largo plazo avance. Y luego, se trabajará a diario en el largo plazo, sabiendo que esto no se resuelve en uno o dos días: requiere capacitación, equipamiento, redistribución de la fuerza, un mapa del delito. La problemática de la seguridad no se transforma de la noche a la mañana.

Diputado bonaerense Movimiento Evita