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Las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados emitieron dictamen a favor de la aceptación de los cambios que introdujo el Senado al proyecto para ampliar la figura del “arrepentido” a hechos de corrupción, delitos contra el Código Aduanero y la administración pública.

La iniciativa, que se descuenta que será aprobada la próxima semana, permitirá reducir la pena a toda persona imputada que brinde información comprobable sobre casos de corrupción, que ya contempla el Código Penal para los delitos de privación ilegítima de la libertad, trata de personas, secuestros extorsivos, lavado de dinero, terrorismo y narcotráfico.

La nueva norma contemplará que el plazo límite para ejercer el derecho a arrepentirse sea la elevación a juicio oral de la causa y que el arrepentido podrá acogerse al beneficio en un proceso penal del que sea parte si proporciona información comprobable referida a personas con su misma responsabilidad o mayor.

El proyecto precisa que el acusado sólo podrá referirse a situaciones en las que estuvo involucrado y nunca a declaraciones de terceros. La norma dispone que en ningún caso el arrepentido accederá a la eximición completa de prisión y sólo podrá tener una reducción del castigo si la información que brinda se encuadra en delitos tipificados con una pena igual o mayor a la suya.

Por otra parte, en caso de que el arrepentido sea pasible de recibir una pena de reclusión perpetua, la reducción de la condena no podrá ser mayor a quince años.

Los acuerdos de colaboración tendrán que ser celebrados entre el fiscal y las personas que brinden información, y no serán aplicables a casos en los que se investiguen delitos de lesa humanidad.