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La interventora de la obra social de jubilados y titular del Comité Asesor del hospital, Graciela Ocaña, aseguró por su parte que los pacientes del Francés serán atendidos "como hasta ahora", al dar nuevos detalles sobre el proyecto anunciado el martes.

"Es un avance importante, porque nosotros veníamos luchando para que este sea un hospital para todos, se quiso reprivatizar y no se pudo, mandaron a una patota, nos han procesado, nos deben cinco meses de sueldos", dijo el delegado del personal no médico David Garutti.

Garutti, quien representó durante el conflicto al sector más duro de los trabajadores, anticipó que "en los próximos días" presidirá una asamblea general para definir los pasos a seguir, y exigió que de concretarse el traspaso se resuelva la deuda salarial en favor de unos 1.300 empleados.

Ocaña, por su parte, garantizó la atención de los afiliados a los planes médicos privados del Francés, que tienen 10 mil asociados, y ratificó la continuidad de los puestos de trabajo.

La funcionaria advirtió además que "los anteriores dueños" del hospital del barrio porteño de San Cristóbal "tienen que ser investigados" y destacó que "son del sector privado".

El inmueble de La Rioja 951 y la administración del centro estuvieron a cargo de sus propietarios, la Asociación Filantrópica de Beneficencia Francesa, aunque el personal acusa por fraude al Grupo Bapro y a su subsidiaria Provincia Salud.

"El Estado para evitar que el hospital no cierre lo intervino y la comisión asesora encontró esta solución", explicó Ocaña al referirse al comité que conduce, que cuenta entre sus miembros a empresarios y personalidades de la sociedad civil.

La posición de Garutti sobre el proyecto que presentó el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, sería compartida por el personal mientras la junta de afiliados que se constituyó desde la quiebra en 2005 solicitó "más detalles".

La Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA), Héctor Daer, se declaró el martes conforme con el proyecto oficial, y dijo que constituye "una solución definitiva al problema prestacional, a la atención hospitalaria y a la fuente de trabajo".

La expropiación del hospital será solicitada entre el 15 y 20 de febrero por el Gobierno al Congreso a través de un proyecto de ley, que de aprobarse posibilitará el traspaso al PAMI y se convertirá en el tercer centro de salud bajo su adminis

tración. Fuente: DyN