La resolución número 506 firmada por Garré también establece que se deberá impedir en todas las dependencias de las Fuerzas Armadas la realización de homenajes a dichas personas.

Asimismo, determina que "la prohibición de reconocimientos públicos u homenajes de cualquier modalidad también regirá respecto de quienes hubieren sido condenados por delitos de lesa humanidad".

Entre sus considerandos, la medida subraya el rol "lamentablemente protagónico" que tuvieron las Fuerzas Armadas en los procesos de quiebre del orden constitucional, "cuya más terrorífica expresión tuvo lugar durante la última dictadura militar (1976 - 1983)", período en el que "se consagró sin matices la plena vigencia de un Estado Terrorista que apeló al delito como herramienta privilegiada de acción".

"En el marco de una política de fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho", expresa la resolución firmada por Garré, "resulta necesario proveer mayor claridad respecto de los roles que han tenido diversos actores en los sucesivos ataques al orden constitucional".

La Constitución Nacional dispone que quienes incurran en actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático sean considerados infames traidores a la patria.

Respecto de esta calificación, el documento elaborado por Defensa expresa que "lógicamente, esa calificación corresponde a quienes, con anterioridad a 1994, arrogándose una autoridad ilegal e ilegítima incurrieron en tales conductas, lo que vuelve incompatible con el compromiso democrático de las Fuerzas Armadas cualquier forma de reivindicación, reconocimiento u homenaje" de los que hayan incumplido con su deber de respetar y hacer respetar la Carta Magna de nuestro país.