A la medida de los agentes del Servicio Penitenciario provincial se sumaron los médicos, enfermeros y psicólogos del penal, quienes expresaron su malestar por la decisión tomada por el gobierno y por el informe que dio a conocer Zamora que indica que el motín fue consecuencia de un intento de fuga frustrado, lo que negaron categóricamente, al igual que los presos.

Una integrante del servicio de psicología de la unidad, la licenciada Silvia Rodríguez, aseguró que hay presos armados en el interior de la unidad, que amenazaron de muerte a los trabajadores.

Debido a la tensa situación en el penal, fueron convocados para garantizar la seguridad efectivos de la Guardia de Infantería, del Grupo Especial GETOAR y los bomberos, que ingresaron al lugar.

Además, en las afueras de la unidad, medio centenar de familiares de reclusos se concentraron para reclamar la falta de contacto con sus allegados, ya que no les permiten recibir visitas.

Por ese motivo, volvieron a colocarse vallas en el ingreso a la prisión, donde se apostaron cerca de 100 efectivos.

Ayer el gobernador de Santiago del Estero echó de su cargo al director del penal donde el domingo murieron 32 presos, alcalde mayor Rodolfo Camaño, y creó una comisión a cargo del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que se hará cargo de la cárcel hasta que se determinen las causas que provocaron la tragedia, lo que generó el malestar de los trabajadores penitenciarios de la provincia.

En una conferencia de prensa, Zamora afirmó que, de acuerdo con los informes oficiales, los reclusos murieron tras "un intento de fuga que fue controlado y posteriormente una protesta que motivó una requisa", la cual derivó en el incendio de colchones en la cárcel.

Esa circunstancia fue desde el inicio negada por los presos, quienes aseguran que la revuelta fue en respuesta a la represión de un reclamo por las malas condiciones carcelarias y el maltrato a las visitas, especialmente a las mujeres que entran al penal.

El personal penitenciario también rechaza la versión del intento de fuga y asegura estar desbordado de trabajo debido a la superpoblación del penal.

La revuelta iniciada el domingo último derivó en la muerte de 32 presos, según la información oficial, y de varios heridos, tres de los cuales continúan en estado "crítico" internados en el hospital Regional Ramón Carrillo de la capital provincial.

El director de ese centro asistencial, Víctor Trejo, informó hoy que los reclusos Diego Villarreal, Raúl Coronel y Manuel Guzmán empeoraron en las últimas horas, ya que tienen muy deteriorado el sistema respiratorio.