Mediante decretos, Zamora reemplazó al subsecretario de Justicia Santiago Nasif por Ramiro Santillán, al tiempo que delegó al ministerio de Justicia facultades para "agilizar, optimizar y disponer lo necesario para reorganizar el sistema penal" provincial.

Finalmente, no descartó nuevos desplazamientos y disposiciones que considere necesarios para esclarecer el hecho ocurrido en el penal santiagueño.

Poco antes de conocerse los decretos gubernamentales, Zamora se reunió con un grupo de familiares de presos que desde anoche a las 23 realizaban una vigila en la puerta de la Casa de Gobierno.

La reunión se inició pasadas las 9 y de ella participaron sólo 4 de los cerca de 50 familiares que aguardaban en la explanada del edificio de gobierno.

Luisa González, madre del recluso Luis René González, de 27 años, uno de los 33 fallecidos en el penal, dijo que el gobernador Zamora "se comprometió a investigar hasta las últimas consecuencias" lo sucedido y tomó nota de los nombres de los cuatro penitenciarios que, según los presos, provocaron el motín.

Según la mujer, Zamora "ignoraba que todo fue provocado por cuatro guardiacárceles que deberían estar presos" y dijo que si bien nadie va a devolverle la vida de su hijo quiere que los Culpables paguen por lo sucedido.

Al término de la reunión, los familiares continuaron con el reclamo de Justicia y prendieron fuego cubiertas, por lo que la Casa de Gobierno permanecía custodiada por cerca de 60 efectivos policiales.

El domingo 5 de este mes se originó en el Penal de Varones de Santiago del Estero un motín seguido de incendio, a raíz del cual murieron 33 reclusos, la mayoría de ellos por asfixia debido a la inhalación de gases tóxicos.

La versión oficial indica que existió un intento de fuga reprimido por el personal penitenciario que derivó en la quema de colchones, mientras que los presos negaron tal circunstancia y aseguraron que todo fue consecuencia de la represión a un reclamo que hicieron por las malas condiciones carcelarias y el maltrato que reciben las visitas, especialmente las mujeres.

Tras el hecho, el gobernador Zamora desplazó al jefe del penal y nombró a una comisión del Servicio Penitenciario Federal para hacerse cargo de restaurar el orden en la prisión, lo que cayó muy mal entre el personal penitenciario de la provincia, que se rebeló y abandonó la unidad.

Fuente: Télam