Schiaretti afirmó que tomó esa decisión, largamente reclamada a los gobiernos democráticos, porque "para que haya Justicia tiene que conocerse la verdad. Por lo tanto, todo archivo que pueda tener el estado provincial y que ayude a la Justicia tiene que ser puesto a disposición de la misma".

El mandatario de Córdoba dijo que tomaba la decisión "sin espíritu de revancha, sin odio, para que pueda actuar mejor la Justicia" y también para despejar cualquier "manto de sospecha" que pueda haber sobre un supuesto encubrimiento de la Policía.

En Córdoba se desató con inusitada virulencia la represión, incluso antes del golpe de Estado de 1976, bajo la órbita del jefe del III Cuerpo de Ejército, general Luciano Benjamín Menéndez.

La ofensiva comenzó el 24 de febrero de 1974, cuando el entonces jefe de Policía, teniente coronel Antonio Domingo Navarro, derrocó mediante un golpe al gobierno democrático de la Provincia encabezado por Ricardo Obregón Cano.

"Esto quiere marcar un punto y aparte para que la Policía proteja con la ley en la mano a los ciudadanos", destacó Schiaretti durante un acto en Casa de Gobierno.

Organismos de Derechos Humanos y víctimas del accionar represivo de la Policía durante la dictadura, fundamentalmente ejercida a través del Departamento de Informaciones (D2), reclamaban desde el regreso de la democracia el acceso a los archivos.

Este año, incluso, el ex secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, Miguel Baronetto, acompañado por el ex policía Luis Urquiza (víctima de la tortura en el centro clandestino de detención del D2), le habían solicitado a la fuerza de seguridad el acceso a los archivos, con la intención de determinar si represores continuaban todavía en las filas.

Schiaretti dijo que la tarea de la apertura está a cargo del Archivo Provincial de la Memoria, que preside la antropóloga Ludmila Da Silva Catela.