“Encontramos rastros indubitables de cianuro en el cuerpo”, le dijo el perito por teléfono a la jueza. Eran las diez de la mañana y seguía la autopsia al cadáver del represor Héctor Febres en la Morgue Judicial. Sandra Arroyo Salgado, la magistrada a cargo de la investigación de la muerte del prefecto, salió del juzgado federal de San Isidro hacia la Capital. Por la tarde, los expertos hicieron una contraprueba que dio el mismo resultado. Sin moverse del lugar, la jueza firmó la orden de detención de dos miembros de la Prefectura Naval, el último prefecto que estuvo a cargo de la custodia de Febres, en la sede Delta de esa fuerza de seguridad, y el jefe de esa dependencia, prefecto mayor Rubén Iglesias. Ambos fueron separados de sus cargos, al tiempo que el ministerio del Interior entregó una carpeta con toda la información del caso a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Todavía resta dilucidar si el represor fue asesinado o se suicidó, pero los abogados querellantes en el juicio en su contra, cuya sentencia debía conocerse hoy, responsabilizaron al Estado por su muerte y reclamaron que “esta misma noche” todos los represores sean trasladados a cárceles comunes.

Ayer a las 9.30 los peritos y médicos forenses retomaron su tarea sobre el cadáver de Febres, encontrado muerto el lunes en la habitación de la Prefectura zona Delta en la que estaba detenido mientras era juzgado por delitos de lesa humanidad cometidos cuando revistaba en la ESMA. Debían seguir con la parte correspondiente a los análisis toxicológicos, aunque el color azulado del rostro había sido una primera señal del posible envenenamiento, dato que no trascendió por el secreto del sumario impuesto por la jueza Arroyo Salgado. Sin embargo, ayer se supo que encontraron una “alta concentración” de cianuro en la sangre y en las vísceras del represor. “La contraprueba dio positiva y se determinó que el cianuro fue ingerido por boca”, confirmaron fuentes judiciales. En ese procedimiento estuvieron presentes peritos de la querella, la familia y la fiscalía.

Apenas le avisaron del hallazgo del potente veneno, que despierta connotaciones tanto políticas como literarias, la jueza ordenó un nuevo allanamiento y otras medidas tendientes a detectar la presencia de cianuro en los objetos que manipuló Febres y establecer cómo pudo haber llegado al lugar donde estaba alojado.

A última hora de la tarde llegaba a la Casa Rosada el informe que elaboró el Ministerio del Interior para la Presidenta con datos seguramente aportados por la Policía Federal, a cargo de la investigación desde que la jueza separó a la Prefectura.

Cárcel común y renuncias

“Es lo mismo que ocurrió con (el testigo desaparecido Julio) López cuando al principio decían que estaba en casa de una tía o bajo un puente. Ayer era muerte natural y hoy ya hablamos de envenenamiento con cianuro”, se quejó la abogada querellante Myriam Bregman.

Febres estaba siendo juzgado desde el 18 de octubre por el Tribunal Oral Federal 5, por los secuestros y aplicación de torturas a Carlos Lordkipanidse, Carlos García, Josefa Prada de Olivieri y Alfredo Margari, quienes estuvieron cautivos en el centro clandestino que funcionó en la ESMA y lograron sobrevivir. “Esto es una cuestión de gravedad institucional y confirma lo que sospechábamos que pasaba en su lugar de detención, estos tipos te están mostrando lo matamos y te lo ponemos bien evidente, el cianuro es bien simbólico,”, dijo indignado Lordkipanidse a Página/12. “La causa ESMA se convirtió en la causa Febres, estaba el gordo solo sentado ahí, sin Astiz, Acosta y los demás, y fue un cabeza de turco, no sólo porque son los que pagan sino porque les cortan la cabeza”, agregó el sobreviviente.

¿Es posible que se haya suicidado?, preguntó este diario, tras confirmar que Febres estaba “muy deprimido” en sus últimos días. “Nadie se suicida con tanta cantidad, es obvio que fue un envenenamiento, estaba todo azul”, dijo uno de los peritos. “Por más que se haya querido suicidar alguien se lo proveyó, estaba detenido en un organismo del Estado, si alguien entra así hay una cadena de responsabilidades, desde el que aceptó no ponerlo en una cárcel común, y dejaron encima que lo custodie la propia fuerza”, respondió Lordkipanidse. “Si se hubiera suicidado es igual de grave”, consideró el abogado Rodolfo Yanzón, otro de los querellantes. Este diario le preguntó si se sorprendió con la noticia dado que ayer había expresado que todo indicaba que había sido una muerte natural. “Más que sorpresa tengo preocupación porque esto hay que ligarlo con López, siguen estando ahí, incluso si alguien le dijo ‘suicidate’”, contestó.

En 2004, la Cámara Federal resolvió que los procesados por delitos de lesa humanidad debían ser custodiados por el Servicio Penitenciario, pero, en los hechos, la orden sólo se cumplió en forma parcial. “Desde el primer día dijimos que Febres debía ir a una cárcel común y nos decían que estábamos locos. El TOF 5 nos respondió que ese lugar (Prefectura) lo había dispuesto el juez de la causa Nicolaides, por la que fue excarcelado en 2005, pues entonces el juez de la causa ESMA Sergio Torres y el TOF 5 son los responsables de la muerte, además de Aníbal Fernández y la Prefectura”, enumeró la abogada Bregman en la conferencia de prensa de Justicia Ya!