Desde Bruselas

El Tratado de Lisboa, que firmaron ayer los mandatarios europeos en la capital portuguesa, proyecta una nueva arquitectura del poder político en la Unión Europea (UE). Después de años de discusiones y del fracaso rotundo de la Constitución Europea en 2005, el mayor bloque regional del mundo consiguió dar un paso más en la integración. El también llamado Tratado de Reforma crea la relevante figura del presidente estable del Consejo Europeo –hasta ahora había presidencias temporales como en el Mercosur–, aumenta los poderes del Alto Representante para la Política Exterior y del de Seguridad Común –una suerte de canciller fortalecido–- e incrementa las competencias del Parlamento Europeo –la institución del bloque más desprestigiada ante los ojos de los europeos–.

El entramado y la superposición de poderes que crean estos nuevos cargos constituyen, sin embargo, uno de los riesgos más serios para el funcionamiento futuro de la UE. Aunque el nuevo tratado aparece desprovisto de todos los rasgos constitucionales de la anterior Carta Magna, su contenido “es esencialmente el mismo que el de la fallida Constitución Europea”, asegura la mayoría de expertos consultados. No obstante, los juristas oficiales de la UE evitan cualquier pronunciamiento público “para no dar argumentos a la oposición en el Reino Unido, que rechaza su aprobación”, señaló un jurista de la Unión. Además, agregó, saben que la idea de una Constitución irrita a otros países de peso como Francia. Después de todo, fue el rotundo no de París el que marcó el inicio del fin del proyecto regional hace dos años.

Los esfuerzos por diferenciar al tratado de la antigua Constitución sin que cambie demasiado ha convertido al texto en una acumulación de proposiciones incomprensibles para el ojo común. Sin embargo, los cambios que propone son bastante simples. El más importante es la creación del presidente del Consejo Europeo (Ejecutivo) para un período de dos años y medio, renovable una vez. Esta reforma fue un pedido especial de Reino Unido y Francia, que sostienen que el bloque debe tener una dirección más clara y contundente. Paz Andrés, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, advierte que este nuevo cargo “puede potenciar los rasgos intergubernamentales de la Unión”, explicó. En palabras más simples, que el presidente del Consejo priorice los intereses de su nación por sobre el bienestar de todo el bloque.

Para la presidencia del Consejo ya circula una larga lista de aspirantes. Además del primer ministro británico Tony Blair, propuesto por el presidente francés Nicolas Sarkozy, aparecen Jean-Claude Juncker, primer ministro de Luxemburgo; Wolfgang Schüssel, ex canciller de Austria; Guy Verhofstadt, primer ministro en funciones en Bélgica; Martti Ahtisaari, ex presidente de Finlandia; Alexander Kwasniewski, ex presidente de Polonia, y Joschka Fischer, ex ministro de Exteriores de Alemania. La otra gran reforma que introduce el Tratado de Lisboa es el aumento de poderes y funciones del Alto Representante para la Política Exterior, cargo actualmente ejercido por el español Javier Solana. Con las nuevas funciones, el que ocupe el cargo será al mismo tiempo la voz de Europa en el exterior, el vicepresidente de la Comisión Europea y presidente del Consejo de Ministros de Exteriores de la UE. Además, el Alto Representante tendrá mucho más campo de acción que un ministro de Exteriores nacional, ya que también controlará las carteras de Defensa y Seguridad del bloque.

El puesto, creado por el Tratado de Amsterdam en 1999, se perfilaba como el de un alto funcionario. Pero el nuevo tratado unifica los servicios exteriores de la Comisión Europea y del Consejo, ampliando sus prerrogativas y su peso político. La tercera y última institución europea que se ve fortalecida es la Eurocámara. Con el nuevo tratado el Congreso propondrá al presidente de la Comisión Europea, que será finalmente elegido por el Consejo europeo.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.