Desde México, DF

Pese a las advertencias de que el presidente Felipe Calderón convertirá a México en un Estado policíaco, la Cámara de Diputados aprobó una reforma al sistema judicial que permitirá el allanamiento de domicilios sin mandato de un juez, detenciones sin orden de aprehensión, intervención de comunicaciones y el arraigo hasta por 40 días de cualquier persona detenida como simple sospechosa. Las nuevas atribuciones incluyen en la Constitución “regímenes de excepción que vulnerarán las garantías y tratados internacionales en materia de protección a la dignidad de las personas”, alertó el diputado perredista Humberto Zazueta, cuya bancada se sumó mayoritariamente a los votos del oficialista PAN y del PRI, que la aprobaron en bloque.

La única buena noticia fue que, a última hora, la reforma eliminó un párrafo que equiparaba las movilizaciones sociales de protesta con el crimen organizado. Pero esto no contuvo las críticas. Hasta el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, consideró que la aprobación de esta reforma significa un retroceso, aunque expresó su esperanza de que la Cámara de Senadores, que aún debe ratificar las reformas, corrija una serie de disposiciones que no preservan las garantías individuales de los mexicanos.

Las declaraciones de Soberanes resaltaron no sólo por su condición de ombudsman nacional, sino porque las hizo en la residencia oficial de Los Pinos justo después de que el presidente Calderón defendiera su propuesta de reforma al entregar el Premio Nacional de Derechos Humanos a un abogado invidente. Ahí, Calderón dijo que su gobierno no tolerará el combate al crimen violando la ley y se comprometió a actualizar las normas sobre derechos humanos para impedir que las “lagunas” o deficiencias de la ley permitan violaciones, establecer un programa en la materia, priorizar la atención de grupos vulnerables y promover campañas por el respeto a las garantías individuales. “Todo abuso será castigado”, dijo horas antes de que su reforma fuera aprobada.

Sin embargo, el Consejo Consultivo de la CNDH cuestionó que la nueva legislación inscriba el arraigo en la Constitución; se ponga en peligro la inviolabilidad del domicilio, al permitir la entrada de la policía sin orden judicial, y se “rebaje” el derecho al respeto de las comunicaciones privadas, al darles valor probatorio en un juicio penal. Al igual que Soberanes, los integrantes del órgano de consulta de la CNDH consideraron que se trata de un “retroceso en la tutela de los derechos fundamentales de los mexicanos”.

La parte más celebrada de esta reforma, la instauración de los juicios orales, que deberá traducirse en una justicia más transparente y expedita, fue criticada por jueces y magistrados federales en materia penal. De 20 impartidores de justicia especializados en procesos penales federales y de apelaciones, consultados por el diario La Jornada, 12 se manifestaron totalmente en contra de los juicios orales, cinco dijeron que a corto plazo serían inviables y sólo tres consideraron que serían el remedio para agilizar los procesos y garantizar un mejor sistema de justicia. El consenso entre ellos es que resultan mucho más urgentes la capacitación de los policías, fiscales, abogados y jueces, como el fortalecimiento de las instituciones de procuración e impartición de justicia y de la concentración de las fiscalías en la recopilación de la evidencia.