El fallo alcanza, además de al procesado Acosta, a los ex capitanes de la Armada también procesados Jorge Carlos Rádice, alias "Ruger" o "Gabriel", un tirador experto que llegó a manejar los 'negocios inmobiliarios' del grupo de tareas 3.3.2, y Carlos José Pazo, alias "Leon" y jefe de la sección logística.

A estos tres ex jefes del aparato represivo que la Armada montó en la ESMA, en este expediente el juez Torres los acusa del apoderamiento ilegal de un departamento, un automóvil y una biblioteca que pertenecían a Jorge Carlos Muneta, Hugo Abraham Tarnopolsky y Mercedes Inés Carazo, respectivamente.

Esas tres personas fueron secuestradas y pasaron por la ESMA, donde los represores extorsionaron a Muneta para que firmara una escritura falsa de venta del departamento que tenía en la avenida Belgrano 1651/57, antes de hacerlo desaparecer junto a su madre presumiblemente en los 'vuelos de la muerte'.

Los marinos también se apoderaron de un Chevrolet Special de Tarnopolsky y una biblioteca de Carazo, que terminó instalada en la oficina de Acosta en la ESMA. Muchas de esas operaciones, según los investigadores, habrían sido puestas a nombre de la hermana de Radice, Berta Radice.

Torres investiga la fraudulenta transferencia de bienes que el aparato represivo de la Armada, cuyo mandamás era el comandante Emilio Eduardo Massera, obligó a realizar a prisioneros antes de su desaparición. Así, bienes de distintas personas jurídicas y físicas fueron transferidos a oficiales de la Marina.

En la llamada 'megacausa ESMA' también se investigó el papel que cumplía el Eduardo Enrique Massera, hijo mayor del ex comandante, porque el juez consideró que había "indicios suficientes para sospechar" que habría participado "en las diversas maniobras vinculadas con el desapoderamiento de bienes de personas detenidas-desaparecidas".

Además de estos robos, Torres investigó también el secuestro y despojo de bienes del abogado Conrado Gómez y de los empresarios Victorio Cerutti, Omar Masera Pincolini y Horacio Palma, que integraban la sociedad anónima Cerro Largo, con sedes en Mendoza y la Capital Federal.

El patrimonio de Cerro Largo S.A estaba conformado por un conjunto de tierras en el distrito de Chacras de Coria, en Luján de Cuyo, Mendoza, que fueron puestas a nombre de una sociedad ficticia y luego loteadas para la construcción de un exclusivo barrio privado.

En la causa también está procesada la ex jueza en lo contencioso administrativo Emilia García, que supuestamente certificó como escribana la transferencia ilegal de bienes.