Arias llegó a las 10.30 al kilómetro 28 de la ruta bajo una intensa lluvia y leyó dentro del refugio instalado allí la comunicación del juez federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel.

Los asambleístas se negaron a firmar la comunicación, pero Arias advirtió que el trámite se dio por cumplido, ya que llevó testigos que constataron lo ocurrido. De esta forma, el juez Pimentel notificó a la Asamblea su pronunciamiento de la semana pasada, cuando ratificó que la Gendarmería debe cumplir con tres "mandatos judiciales", dos de 2006 y uno de 2007, que "se encuentran plenamente vigentes" y establecen el desalojo del acceso al puente. En el fallo, el juez advirtió a los ambientalistas que "supeditar el cese de la obstrucción de la ruta al desmantelamiento de la planta de celulosa deviene desproporcionado e irrazonable".

Asimismo, Gendarmería identificó a una veintena de ambientalistas que estaban presentes hoy en el refugio del kilómetro 28, a fin de llevar sus nombres al magistrado, lo que podría acarrearle imputaciones en graves delitos, como homicidio culposo, privación de la libertad, amenazas, extorsión, entre otros cargos que les atribuye el gobierno. Entre los identificados estaban el abogado Luis Leissa, José Pouler, uno de los voceros históricos de la Asamblea, Sira Muñoz, María Elena Marchioli, entre otros.