El CELS agregó que esa declaración "ratifica la versión acercada por tres efectivos de la Policía Federal, que cinco meses más tarde recordaron que podía existir un vínculo con Sobrero". Además, el organismo señaló que "el resto de los testimonios tomados por el juez Juan Manuel Yalj corresponden a empleados de la empresa TBA" a cargo de la concesión del servicio, que sin embargo señalaron "muchísimos cuestionamientos sobre las condiciones de prestación del servicio".

El comunicado del CELS también apunta que "las declaraciones públicas brindadas por el juez Yalj no hacen más que profundizar las dudas sobre los motivos y la legitimidad del procedimiento".

"Más allá de la necesidad de esclarecer los delitos que se investigan en la causa, la detención de Sobrero en estas condiciones obliga a reflexionar sobre la desprotección que padecen quienes protagonizan las luchas para democratizar la representación sindical", reflexionó el organismo.

Y subraya el comunicado: "Resulta preocupante la persecución penal de un militante de larga trayectoria comprometido con la defensa de los trabajadores. Sobrero denunció de manera sistemática las lógicas mafiosas de la cúpula de la Unión Ferroviaria, encabezada por José Pedraza, hoy detenido por el asesinato de Mariano Ferreyra".