Un año después, en octubre de 2010, el Estado interpuso un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema, el cual fue desestimado por falta de sentencia definitiva. No obstante, en el voto de los jueces Lorenzetti, Highton, Fayt, Maqueda y Zaffaroni, se consideró conveniente la fijación de un límite temporal razonable para la medida cautelar. El juez de primera instancia desistió de poner un plazo para la cautelar y finalmente lo hizo la Cámara de Apelaciones, dándole una vigencia de 36 meses.

La última palabra antes del fallo de hoy, la había tenido el exprocurador general de la Nación Esteban Righi en diciembre pasado, cuando aconsejó al máximo tribunal que anule la medida cautelar.