El gobierno les imputó delitos de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, tráfico de influencias y violación de deberes de funcionario públicos" por promover y beneficiarse con los amparos judiciales, que les permitieron a los jefes cobrar sueldos de hasta 90.000 pesos, que escapaban a las previsiones presupuestarias oficiales. Esta mecánica, sostiene la denuncia, se realizó con una "interpretación abusiva" de los fallos "Salas" y "Borejko" de la Corte Suprema, ocasionando un "correlativo perjuicio al patrimonio estatal" y contradiciendo una disposición del Ministerio que ordenó aplicar el nuevo fallo de la Corte "Zanotti" a través del cual se ajustó el cálculo para los salarios de las fuerzas de seguridad. La denuncia recayó en el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que ahora aguarda un dictamen del fiscal Guillermo Marijuan.