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El reemplazo de las primeras líneas de funcionarios de la UBA, tras el cambio de gestión encabezado por el rector Guillermo Jaim Etcheverry, abrió la semana pasada un debate de fondo en la universidad. ¿Quiénes deben ocupar ahora los espacios que, en su mayoría, fueron colonizados por militantes radicales y de Franja Morada? En varios casos, el nuevo rector optó por designar a administradores gubernamentales: especialistas en gestión pública ajenos a la universidad, formados y pagados por el Estado nacional. La semana pasada, el gremio de los no docentes y el claustro de estudiantes objetaron la decisión. “El nombramiento de administradores gubernamentales es una política de gestión que pretende despolitizar. Pero es despolitizar para burocratizar”, criticó el consejero estudiantil Eduardo Malach.
Los administradores gubernamentales (AG, en adelante) son integrantes de un cuerpo dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, creado en 1984 con el objetivo de “mejorar la eficacia de la gestión estatal”. Son formados en el INAP para cumplir funciones de planeamiento, asesoramiento, organización, conducción y coordinación en la administración pública, a pedido de las dependencias que requieran su asistencia. Sus destinos suelen ser móviles y sus salarios corren por cuenta del Poder Ejecutivo Nacional.
Desde que asumió el cargo que durante 16 años ocupó el radical Oscar Shuberoff, Jaim Etcheverry ya solicitó al Estado, y consiguió, la designación de al menos siete AG en diversas áreas del Rectorado. Los hay a cargo de la Secretaría de Hacienda –donde también hay otros dos como asesores–, la Dirección de Personal, el Servicio Universitario de Computación y la Dirección Obra Social de la UBA (ver aparte). Además, otro AG está coordinando las actividades de Extensión Universitaria, una secretaría virtualmente intervenida por el rector mientras se termina de analizar la herencia recibida.
“Jaim llegó con el discurso de ordenar la universidad y reducir la planta política del Rectorado. Compartimos eso. Pero no su metodología ni la introducción de AG”, dijo a Página/12 Jorge Anró, secretario general de la Asociación del Personal de la UBA (Apuba). “Los AG dependen del Poder Ejecutivo y su inserción lesiona la autonomía universitaria, son una intromisión del poder central –definió–. Por acción u omisión, en la gestión anterior se hicieron muchas cosas mal. Es necesario cambiar. Pero hay que hacerlo por consenso y respetando la capacidad y la experiencia de los trabajadores de la universidad, no generando una superestructura por sobre la estructura existente. Los AG vienen con recetas inadecuadas, están imponiéndole sus ideas a gente con años de experiencia. Hay mucho malestar entre los trabajadores porque ven llegar a personas que cobran el doble y ni siquiera conocen el lugar.”
La mayoría de los estudiantes en el gobierno de la UBA (izquierda e independientes) acompañó el reclamo de los empleados no docentes. “En los últimos 18 años, un partido usó y abusó de esta universidad para sus propios fines. Ahora, para hacer un cambio frente al nombramiento de miembros del partido radical, pasamos a nombrar burócratas de carrera formados para adecuar nuestras instituciones a lo que quieren los organismos internacionales –argumentó el consejero Malach (MST)–. Varios de estos AG participaron de las privatizaciones de las empresas públicas. Son burócratas con una clara finalidad política.”
Jaim Etcheverry defendió la designación de los AG. “Se está planteando esto como si fueran marcianos que vienen a colonizar la universidad”, dijo el rector. “Son personas con una preparación especial para la administración pública. Responden directamente a mí y son pagados por el mismo presupuesto que nos paga a todos los que trabajamos acá. Me dan la posibilidad de tratar muchos temas con imparcialidad. A mí me da más garantías para manejar la universidad una persona preparada para eso quecualquier persona salida de un comité partidario”, distinguió en la última sesión del Consejo Superior. El ex decano de Medicina también destacó que, desde su asunción en mayo, la cantidad de autoridades y cargos políticos en el Rectorado pasó de 115 a 16: “Redujimos en un 83 por ciento la masa salarial. Estamos haciendo un importante ahorro de presupuesto”.