[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

¿Qué consecuencias tendrá para la universidad pública la elección presidencial? ¿El próximo gobierno querrá arancelar la educación superior o sostendrá la gratuidad? ¿Habrá ingreso libre o restringido? Aquí, un recorrido por las propuestas de los candidatos que, según las encuestas, tienen chances de llegar al ballottage, propuestas que, en su mayoría, informan más por lo que callan y lo que aluden que por lo que expresan explícitamente.
- Carlos Menem. En sus Diez propuestas para salir de la crisis, el candidato del Frente de la Lealtad dice que va a “profundizar la revolución educativa iniciada con la Ley de Educación Superior”, la polémica norma de 1995 que permite el arancelamiento y restringe la autonomía universitaria. El plan menemista destaca tres puntos. Primero, financiar el sistema universitario público “con criterios de justicia social y eficiencia”, léase: con el aporte de los que más tienen vía un arancel, lo mismo que impulsó Menem en los ‘90. Segundo, la restricción del ingreso: “Acceso a la universidad con evaluación previa de nivel, un ejercicio razonable del presupuesto educativo, becas para estudiantes de menores ingresos y arancelamiento de materias de repetición”. Tercer punto, retórico: “Recuperación de la excelencia académica y el liderazgo intelectual de las universidades públicas”. Otra propuesta clave apunta a la mercantilización de la educación. “Defender la educación como servicio dentro del GATS, insertándola como exportadora de servicios educativos a nivel de educación superior.”
La cuestión educativa del menemismo está en manos de Manuel García Solá, que fue ministro del área en los últimos meses del ‘99, tras la renuncia de Susana Decibe.
- Ricardo López Murphy. En la plataforma del Movimiento Federal Recrear se lee la intención de introducir criterios de eficiencia y competencia en el sistema educativo superior para superar su “ineficiencia e inequidad”. Propone aumentar la participación del sector privado y cambiar las regulaciones para “remover los desincentivos de la gratuidad y la planificación estatal”. Se cuida de afirmar que “la educación superior en las universidades estatales será gratuita”, pero añade “el principio de que aquellos que gocen de una situación económica holgada contribuyan de alguna forma a compensar al menos una parte de lo que la sociedad gasta en su formación”. Más precisamente, indica: “Aquellos estudiantes... cuyos progenitores o ellos mismos sean contribuyentes del Impuesto a las Ganancias deberán pagar un sobregravamen con destino a las universidades nacionales de la jurisdicción” para becar a alumnos de bajos recursos. A tono, postula el desarrollo de un sistema de préstamos estudiantiles, administrado por la banca comercial. También pretende fomentar la existencia de nuevas casas de estudios a través de “un régimen objetivo y de gran libertad” para –dice– “favorecer las posibilidades de elección del estudiante, incentivando competencia entre entidades existentes y potenciales proveedores”. La principal referente de López Murphy en temas educativos es María Echart, de la Fundación FIEL.
- Néstor Kirchner. El plan del Frente para la Victoria plantea: “Sostenemos una educación pública y gratuita para todos, con la justicia social como principal garantía de la igualdad en el acceso”. A la formación superior le dedica dos apartados. “Fortalecer la formación profesional de educación superior no universitaria” es el primero. Propone mejorar los terciarios mediante una comisión federal de evaluación y fomentar la relación con el sector productivo. Segundo apartado: “Poner las capacidades educativas, científicas y tecnológicas del sistema universitario al servicio del desarrollo estratégico de la Nación”. Allí se incluye la necesidad de “articular el sistema universitario con el de ciencia y técnica y con el sistema productivo”, además de “fortalecer el rol de consultor preferencial de las universidades nacionales con el sector público”. Para incrementar elrendimiento universitario, Kirchner pretende reformar los planes de estudios, fortalecer la carrera docente y desarrollar “un sistema de acreditación y certificación flexible que permita la circulación dentro del sistema”. Luego propone orientar las becas estudiantiles “a fin de favorecer el acceso, permanencia y egreso”, e impulsar la edición de material bibliográfico, audiovisual e informático en las universidades.
Aunque como referente suele citarse a la ex ministra Susana Decibe, quien coordinó los equipos técnicos del plan educativo fue Silvia Esteban, actual ministra de Educación de Santa Cruz.
- Adolfo Rodríguez Saá. Entre las más de cien medidas que promete tomar para “refundar la Argentina”, el candidato del Movimiento Nacional y Popular sólo hace dos menciones expresas a la universidad. La primera es que “se consagrarán como normas con jerarquía superior los principios de la reforma universitaria del ‘18, para ello se dictará una ley estableciendo que la libertad de cátedra, la autonomía universitaria y la excelencia académica es un derecho de todos los ciudadanos y no de un grupo, corporación o sector”. Se omite hablar de la gratuidad y del ingreso. La otra referencia anuncia que “se auditarán las cuentas de las universidades nacionales”. Clave es una aclaración que se hace respecto del sistema educativo en general: “Las inversiones del Estado en educación serán por alumnos y no por corporaciones”.
Además del entorno del Ministerio de Educación de San Luis, el equipo de Rodríguez Saá integra, entre otros, a Susana Vellegia, que trabajó con José Octavio Bordón en la Dirección de Cultura y Educación bonaerense, y con Horacio Ghilini, del Sindicato de Docentes Privados.
- Elisa Carrió. De los cinco candidatos mejor ubicados según los sondeos previos, la única propuesta que promete explícitamente “garantizar la gratuidad de la enseñanza de grado” es la del ARI. En su programa postula que “la educación pública y gratuita... debe garantizar a todo el pueblo el acceso, en condiciones de igualdad, al saber y a la cultura”. El capítulo sobre universidad comienza señalando que “se garantizará la autonomía universitaria” y agrega que se promocionarán diversas políticas para: sostener la gratuidad; “promover la conducción institucional transparente con control social, desde una dinámica democrática en el proceso de toma de decisiones”; privilegiar las dedicaciones exclusivas de los docentes; definir desde las universidades programas nacionales de desarrollo de áreas prioritarias de enseñanza e investigación; y articular la educación superior con la producción económica y social. Las propuestas de Carrió incluyen varios puntos dirigidos al modelo científico y a las relaciones internacionales. Por ejemplo: desarrollar equipos de investigación y docencia a largo plazo integrados en el sistema científico; estrechar los vínculos con instituciones del Mercosur; instrumentar programas de vinculación con grupos científicos del exterior; promover la repatriación de investigadores.
El plan educativo del ARI fue desarrollado por Irma Parentella, Eduardo Macaluse, Delia Bisutti, Fernando Melillo, Jorge Cardelli y Teresa Sirvent, entre otros.