EL PAíS › LA POLICIA RETIRO LAS VALLAS Y LA CARPA, EN SUSPENSO
Brukman sigue resistiendo
Hoy se realizará un festival solidario en la puerta de la empresa textil. El domingo convocaron a un abrazo solidario.
Por Laura Vales
En el segundo día de acampe después de la represión, las trabajadoras de Brukman convocaron a rodear de solidaridad la fábrica el domingo de las elecciones a las seis de la tarde, cuando cierren las urnas. Quieren de esta manera mantener en primer plano el reclamo por la expropiación de la textil. En la protesta volverá a participar el arco de las organizaciones sociales y políticas que se movilizaron esta semana.
Una de las novedades del día fue que la policía retiró el vallado que aislaba cuatro manzanas alrededor del edificio y daba al barrio un aspecto militarizado (los vecinos, con un dejo de humor negro, se referían a esa zona como “el gueto”). Las vallas fueron levantadas a la una y media de la madrugada. Los manifestantes que estaban acampando en la esquina de Jujuy y Belgrano vieron cómo la calle quedaba libre y marcharon hasta la puerta de la planta, sin tener muy en claro lo que estaba pasando, incluso con alguna fantasía de que podrían entrar; una vez que quedó claro que la policía mantendría una fuerte custodia en el inmueble se instalaron en la vereda de enfrente.
Con esa lógica un poco increíble con la que se expresa el malestar social en la Argentina, unas horas después de que la policía reabrió el tránsito de la avenida Jujuy se inició un conflicto a cien metros de Brukman, en la sede de un registro de las personas porque había demoras para entregar los DNI. Los ciudadanos que hacían cola esperando sus documentos cortaron la calle para quejarse por la espera ante los cronistas de televisión, ante lo que algunos empleados los acusaron a su vez de “estar haciendo un piquete”. Por la tarde, los asambleístas y militantes que hacen el aguante en apoyo a las trabajadoras tramitaban un pedido ante el gobierno porteño para volver a armar la carpa en Jujuy al 500.
No hubo avances en relación a la negociación con el ministerio de Trabajo. Como la idea de las trabajadoras es sostener la protesta hasta que se inicien las conversaciones, se anunció para hoy, a partir de las ocho, un festival en el lugar. Lo están organizando los universitarios de la FUBA y los jóvenes del Movimiento No Pasarán, con la actuación de bandas y murgas.
Los abogados –están dedicándose a distintos aspectos del tema integrantes del Ceprodh, el Comité de Acción Jurídica de la CTA, la APDH y de Hijos del Gran Buenos Aires– preparaban ayer una serie de respuestas judiciales. Una de ellas consistirá en una denuncia penal que apunte a mostrar que los Brukman realizaron “un vaciamiento de la empresa, con la complicidad de la jueza del concurso”, anticipó Mariana Salomón.
“El juicio comercial de Brukman se inició por un pedido de quiebra de un acreedor, que los dueños de la empresa solicitaron (y consiguieron) que se convierta en un concurso de acreedores. Para entrar a concurso hay algunos requisitos mínimos a cumplir, entre ellos los de presentar los balances y libros contables para demostrar que no podés pagar las deudas reclamadas. Los Brukman no hicieron ninguna de las dos cosas, pese a lo cual ni la jueza interviniente ni el fiscal los exigieron”, señaló.
Los abogados consideran que la jueza “debió dictar una quiebra fraudulenta, caso en el que la responsabilidad se extiende no sólo a los bienes de la empresa sino al patrimonio personal de sus dueños”.
El concurso está actualmente en su última etapa, en la que los titulares de Brukman tienen que hacer una propuesta de pago de las deudas. Según Salomón, hasta ahora han ofrecido abonar sólo “el 22 por ciento de la deuda a un sector de los acreedores, con lo cual nos parece improbable que puedan, como sostienen, reabrir la planta”.
Los asesores detectaron por otra parte que en el inventario presentado en el expediente por la firma figuran 20 máquinas menos de las que hay dentro del edificio, de lo que deducen que la firma “ocultó bienes para defraudar a los acreedores”.
Junto con esta denuncia, hoy elevarán el pedido de juicio político contra el juez Jorge Rimondi y los camaristas Abel Bonorino Peró y José Manuel Piombo, quienes ordenaron el desalojo.
La defensora adjunta del Pueblo, Naná Bevillaqua, quien el día de la represión estuvo en el vallado e intermedió en el último diálogo entre las trabajadoras y el comisario Carlos Roncatti, redacta por su parte un proyecto para la expropiación definitiva.
El de ayer fue el séptimo día de movilización por el tema. Al mediodía se solidarizó una columna de piqueteros del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (Raúl Castells), mientras que el MTD Aníbal Verón sumó la cuestión a sus reclamos con un corte del Puente Pueyrredón. Los desocupados vincularon el desalojo a las detenciones de los cuatro dirigentes piqueteros de Salta, que continúan detenidos a quienes la justicia les ratificó la prisión preventiva.
Las asambleas barriales que apoyan a las trabajadoras evaluarán hoy la posibilidad de trasladar el acto de contracampaña electoral previsto para el domingo en Plaza de Mayo a Brukman, aunque la propuesta todavía no estaba del todo cerrada.