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Por Conadu *

La Mesa Ejecutiva de la Conadu está sorprendida por extrañas evaluaciones que señalan que el sector universitario no tuvo inconvenientes en el último año y medio (ver Página/12 del martes 27 de mayo). Y decimos que las universidades públicas y especialmente los docentes universitarios hemos vivido, más que “inconvenientes”, gravísimos problemas. En lo que hace específicamente a nuestro sector, la permanente discriminación y postergación sufrida, algunos de cuyos claros exponentes son, además del retraso salarial que hace que más del 80 por ciento de los cargos aun trabajando 40 horas semanales perciben remuneraciones por debajo de la línea de pobreza, la falta de pago del 13 por ciento inconstitucionalmente descontado de nuestros magros salarios y el incumplimiento del acuerdo de La Matanza, la falta total de respuesta ante una deuda de más de dos años de los incentivos a docentes investigadores y del Fonid a los docentes preuniversitarios que nos ha obligado a demandar al Estado nacional y que se corona, en las postrimerías del gobierno de transición, con el dictado de un nuevo Manual de Procedimientos del Programa de Incentivos que agrava la burocratización y perjudica a los docentes. En relación con la universidad en su conjunto, podemos señalar la clase pública que la comunidad universitaria nacional en pleno organizó frente al Ministerio de Economía a fines del 2002 reclamando el envío de fondos, el cierre de las universidades resuelto por el Consejo Interuniversitario Nacional en marzo del 2003, el atraso en el envío de partidas a las universidades que aún continúa pese a promesas de un acuerdo de pago que nunca se firmó, el impacto producido por un recorte mayor que el que se intentó en el gobierno de De la Rúa, la creación por decreto de dos universidades en La Rioja y en territorio bonaerense, la asignación arbitraria por decreto de más presupuesto a universidades del conurbano. Hoy que atravesamos días de expectativa abierta y considerando la gravedad de la situación que atraviesa la universidad pública en general, y los docentes universitarios en particular, esperamos conocer los lineamientos de la política de Estado que el nuevo gobierno propone para las universidades nacionales y para nuestro castigado sector. Y al mismo tiempo y siendo la expectativa una espera razonable de las señales del porvenir que se construye colectivamente, hemos hecho conocer a las nuevas autoridades nacionales que, sin abandonar nuestras justas y legítimas demandas sectoriales, estamos dispuestos a trabajar en diversas problemáticas entre las cuales señalamos: a) diseño de políticas públicas dirigidas a la construcción del sistema universitario y el sistema de educación superior y la elaboración de una política nacional de producción de conocimiento, ciencia y tecnología; b) avance hacia una mayor democratización institucional en las universidades nacionales; c) rediseño de las pautas de distribución presupuestaria de modo de priorizar la situación del personal; d) reformulación conceptual de la evaluación y consecuente revisión de criterios, herramientas y organismos; e) temas específicos de nuestro sector: revalorización de la tarea docente, estabilidad y condiciones de trabajo, salarios. Ningún docente bajo la línea de pobreza.

* Anahí Fernández (secretaria general), Pedro Sanllorenti (adjunto) y Daniel Ricci (gremial).