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Los rectores universitarios repitieron sus reclamos de un incremento del financiamiento estatal, con la mira apuntando ahora al Senado. Mientras, desde el Ministerio de Educación se retrucó que ya está previsto un significativo aumento. La discusión continúa produciéndose en forma solapada, sin estridencia pública: la mayoría de los rectores no quiere una confrontación abierta con el Gobierno, le reconocen a la gestión de Néstor Kirchner un cambio en los gestos y proyectos dirigidos hacia la educación. Pero, como ya se informó, a la molestia porque los presupuestos del Poder Ejecutivo y de Diputados no contemplan sus pedidos, se sumó la exasperación por las redistribuciones arbitrarias sancionadas por los legisladores.
En el plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) realizado esta semana, los rectores acordaron por unanimidad insistir en la necesidad de que el próximo presupuesto respete la planilla donde ellos mismos solicitaban un incremento del 17 por ciento (345 millones más sobre los actuales 1991 millones). Como el proyecto aprobado por la Cámara baja incluye un aumento directo de 64 millones más otras partidas indirectas –como se explica más adelante–, el CIN declaró que en su planilla “se fijaban montos mínimos para garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales que no se ven reflejados en la planilla aprobada por la Cámara de Diputados”.
La declaración más dura de los rectores apuntó al cambio que determinaron los legisladores: quitaron siete millones de programas que Educación debía repartir entre las casas de estudios y, por razones políticas, los redirigieron a las universidades del Centro de la Provincia de Buenos Aires, La Matanza, Tres de Febrero, Quilmes, Jujuy, Lomas de Zamora y Formosa. El CIN rechazó “toda asignación de recursos que corresponda a incrementos que no sea en el marco de pautas objetivas” y manifestó “la total desaprobación del procedimiento seguido por la Cámara de Diputados en la asignación de fondos”.
Uno de los más disgustados fue el rector de la UBA. Ante el Consejo Superior de su universidad, Guillermo Jaim Etcheverry repitió su “total oposición a esta política creciente de injerencia en la distribución de fondos”. “Se ha llegado a decir que no se iba a dar más dinero para hacer lo mismo y yo dije que las universidades necesitan precisamente más dinero para hacer lo mismo, porque lo que lo que hace la universidad es enseñar e investigar. Y eso es lo que hace falta... Tenemos que estar alertas, porque gradualmente se va insinuando esta idea de que en las universidades está lo malo, que no son eficientes, que nos van a controlar. Y ésta es una idea peligrosa.”
En diálogo con Página/12, el secretario de Políticas Universitarias, Juan Carlos Pugliese, se plantó frente a los reclamos. “Del proyecto de presupuesto surge claramente que el aumento para las universidades es de 224 millones de pesos, distribuidos del siguiente modo: 64 por planilla; 55 para recomponer los salarios de docentes y no docentes a través de un programa de reforma laboral; otros 35 a través de un fondo para financiar proyectos de ciencia y tecnología; otros 60 corresponden a la inclusión de las universidades en el Plan de Infraestructura. También están previstos 8 millones para becas y 2 millones para la Coneau, que se ocupa de evaluación y acreditación universitaria”, detalló el funcionario.
–Los rectores se quejaron porque los fondos no van directamente a las instituciones y porque en el presupuesto no está claro que esas otras partidas les vayan a ser enviadas.
–Es cierto que en el presupuesto se ordena al jefe de Gabinete que distribuya esos fondos, pero está claro que la voluntad política es que sean para las universidades. Es obvio que los rectores están molestos porque miran la planilla y van a recibir casi lo mismo. Pero los aumentos los van a recibir por programas. Y los rectores deben recordar que, según un acuerdo del CIN, cualquier incremento de presupuesto se debe asignar a través de contratos programas, es decir, si las universidades cumplen con determinados objetivos. Y eso es lo que estamos haciendo con los salarios, la infraestructura y la ciencia y tecnología.