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“La economía y los derechos humanos son indivisibles. Es imposible separarlos. La realidad económica del país tiene que ver con la violación de todos los derechos humanos que sufrimos durante el terrorismo de Estado.” Lo dice Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora), que desde el próximo cuatrimestre será profesora de una materia curricular en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Poder Económico y Derechos Humanos es el nombre de la nueva materia, cuya aparición pretende producir un pequeño desvío en la formación que reciben unos 60 mil estudiantes en la facultad, un desvío que apunte a “estimular la actitud de compromiso de los futuros profesionales con la realidad social y el destino de la Nación”.
En la facultad más poblada de América latina funciona desde 1999 la Cátedra libre Poder Económico y Derechos Humanos, a cargo de Cortiñas. La cátedra, que continúa ofreciendo seminarios abiertos y gratuitos, propuso la creación de una asignatura y su incorporación a los planes de estudios. Tras alguna demora, la propuesta terminó siendo aprobada en diciembre por la universidad y, desde marzo, Nora Cortiñas dará clases en la misma facultad donde su hijo, desaparecido durante la última dictadura, estudiaba Administración.
Aunque la idea original era incluir la materia en todas las carreras de Económicas, por ahora sólo será una materia optativa para los alumnos de la carrera de Contador público, que pueden inscribirse desde hoy. Los estudiantes de las demás carreras tendrán que esperar la postergada aprobación de sus autoridades.
“Muchos entienden que Económicas es la facultad donde se enseña a hacer negocios. Por eso, es importante introducir el nexo entre la economía y los derechos de las personas –explicó Guillermo Wierzba, profesor asociado de la materia–, estudiar la relación crítica entre el poder económico y los derechos humanos, incorporando otros puntos de vista a los predominantes en la facultad.” Ese es uno de los fundamentos que guió la creación de la materia: “Los profesionales de Ciencias Económicas no han escapado a la carencia de una formación donde la cuestión social constituyó y constituye un serio déficit... Así, el desempeño profesional se dirige a sólo una parte de la sociedad, a un recorte de la misma”.
Y es en ese sentido que Fernando Santamaría, miembro de la cátedra, destaca el sentido político que subyace al proyecto académico. “Empezamos en 1997, con la Comisión por la Reconstrucción de la Memoria en la facultad, a partir de reivindicar a los compañeros muertos y desaparecidos. Después logramos organizar la cátedra libre. Detrás de todo esto hay una continuidad política, ligada a los ideales de luchar por un mundo mejor, que ahora se plasma en la materia.”
Suerte de cruce entre las ciencias económicas, la sociología, la historia, la filosofía y el derecho, el programa de la materia recorre catorce unidades, con temas como la teoría social de la historia, los derechos humanos en la Modernidad y en el Estado de Bienestar, el desarrollo económico social argentino entre 1950-1976, la dictadura terrorista de Estado, la reconversión económica, las leyes de impunidad, la discriminación social y los movimientos sociales alternativos, entre otros.
Una cuestión clave que se analizará es la precariedad jurídica de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales. “Criticamos la falta de judiciabilidad de estos derechos. Pese a que están contemplados por la Constitución nacional, no hay forma de exigir su cumplimiento ante la Justicia –dijo Mauricio Turkieh, profesor adjunto–. Por ejemplo: una persona que está desocupada no puede reclamarle a un juez su derecho a que se cumpla con el artículo 14 bis de la Constitución.”
La desnudez jurídica de estos derechos se ve agravada por contraste. Wierzba citó el caso de los piqueteros. Con sus protestas –dijo– se pone en escena la tensión entre el derecho al trabajo y el derecho a la libre circulación, ambos consagrados normativamente. “¿Cuál de esos derechos predomina? Es evidente que, frente a otros derechos, como el de la propiedad, hay un retraso de los derechos humanos y sociales en su posibilidad de reclamar su cumplimiento ante la Justicia y el Estado.” Lo que ocurre es que –como señaló Santamaría– “muchos de estos derechos ni siquiera están reglamentados, a pesar de tener rango constitucional”. Turkieh citó otro caso, el del derecho a la vida: “Una vida que se pierde por hambre no hay modo de reclamarla jurídicamente. Y es consecuencia de la exclusión social, de una determinada política económica”.