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Una empresa ofreció a sus afiliados que paguen doce cuotas por adelantado para no aplicarles el aumento. La oficina de atención al cliente de otra prepaga informó que el reintegro de lo facturado de más lo hará en unos meses, cuando la Justicia dirima el conflicto. Una tercera compañía recomendó a sus asociados que paguen en fecha para no entrar en mora y, en todo caso, que lo hagan bajo protesto. Esas y otras explicaciones, algunas más disparatadas que otras, fueron las que dieron varias de las compañías de salud que fueron obligadas por el Gobierno a cancelar el ajuste de sus tarifas. Patricia Vaca Narvaja, la subsecretaria de Defensa del Consumidor, se pasó el día aclarando que ninguna de aquellas versiones es correcta. Lo que tienen que hacer las empresas es enviar nuevas facturas con el precio adecuado –es decir, sin aumento– o devolver lo que cobraron de más si los clientes ya pagaron. Así lo aceptaron otras tantas prepagas, que comunicaron públicamente su acatamiento a la orden oficial.
La reacción de algunas empresas tratando de esquivar la suspensión de los aumentos fue otra muestra de lo instalada que está la cultura de violación de los derechos de los consumidores. Todo el conflicto con las prepagas sirve de ejemplo. Primero, 75 firmas comunicaron al mismo tiempo que a partir del 1º de febrero retocarían sus tarifas. “Es muy sugestivo”, recalcó ayer Vaca Narvaja al respecto, en diálogo con Página/12. Después, ninguna de las compañías aceptó la sugerencia del Gobierno de mantener en suspenso las subas por 30 días, mientras se discutía si correspondían o no. En medio de la discusión, una de las cámaras llegó a amenazar con nuevos incrementos, adicionales a los que ya habían dispuesto. Y eso a pesar de que en la Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires les redujeron en diciembre la tasa de Ingresos Brutos de 3,0 a 1,1 y de 3,5 a 1,7 punto, respectivamente.
Vaca Narvaja tiene su propia interpretación de por qué las prepagas se comportaron de esa manera. “Ellas pensaron que actuaban correctamente en función de cómo lo han venido haciendo durante años. Si nunca nadie les dijo nada, entonces por qué esta vez iban a actuar de otro modo”, señaló a este diario. “Dijeron: ‘Nosotros somos libres para fijar precios y vamos a hacer los cambios que queramos, porque tenemos nuestras razones’. Lo que no tuvieron en cuenta es que no pueden hacer lo que quieran porque deben respetar la Ley de Defensa del Consumidor”, agregó.
“Otros gobiernos –siguió, en su charla con Página/12– las penalizaban y las multaban por casos individuales. La gran diferencia en esta oportunidad es que aplicamos una acción colectiva, para que estén protegidos no sólo quienes hacen cumplir sus derechos, porque saben protestar por tener un mayor nivel de ingresos y de conocimientos, sino también los que no saben, no pueden, no tienen ingresos o no tienen tiempo”, completó.
–¿Qué tiene que hacer el afiliado frente a la factura con el aumento?
–Llamar a su compañía de salud y preguntarle cómo va a hacer: si le enviará otra factura o le ofrecerá pagar y reintegrarle la diferencia al mes siguiente. Las empresas tienen cinco días para decir cómo van a devolver el dinero.
–Pero el cliente no tiene que pagar y después protestar.
–No. Las prepagas tienen la obligación de suspender las subas. Deben emitir nuevas facturas y si alguien ya pagó, reintegrarle el dinero, ya sea ahora o el mes que viene, con la nueva boleta.
–¿Las empresas pueden no acatar la medida?
–No. Si alguna llegara a hacerlo, nosotros nos presentaríamos ante el juez y la denunciaríamos penalmente. Los usuarios que vean que no les dan la respuesta adecuada tienen que llamarnos y denunciar la situación. Nadie tiene que pagar con el aumento, porque el aumento está suspendido. Lo que pueden hacer las prepagas es apelar ante la Justicia. Pero, por más que lohagan, la apelación es con carácter devolutivo. Esto quiere decir que la orden de suspensión sigue vigente.
Muchas compañías lo aceptaron. Pablo Giordano, presidente de una de las cámaras (Ademp), indicó que “se harán los reintegros y se informará dentro del plazo previsto, pero aún se están evaluando las formas, porque no es lo mismo para el afiliado que pagó de contado que el que lo hizo por débito automático” (ver aparte). Entre las empresas que reúne Ademp y que fueron intimadas figuran Medicus, Hospital Italiano, Cemic, Provincia Salud, Hospital Francés y Staff Médico. Por su parte, Vaca Narvaja consignó que también harán reintegros empresas como “el Hospital Alemán y Swiss Medical Group”.
Dos asociaciones de consumidores, por otra parte, ampliaron ayer su denuncia contra las compañías de salud, a las que acusan de haber pactado los ajustes en las cuotas dispuestos en los últimos dos meses. Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco) y Centro de Educación al Consumidor (CEC) aportaron más elementos a la presentación que habían hecho el 21 de enero pasado ante la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y el Consumidor (ver aparte). Vaca Narvaja, quien comanda esa dependencia, expresó que la investigación por conducta monopólica está en curso, así como otro estudio del sector para determinar si existen abusos de posición dominante.
“Hay pocas empresas que manejan mucha cantidad de afiliados. Y también dominan mucha de la infraestructura de los servicios de hospital que, a su vez, contratan otras prepagas”, aseguró.
–¿Por qué esta vez se aplicó una medida cautelar generalizada y no con los anteriores aumentos?
–Cada gobierno tiene su responsabilidad. Esta administración es la primera en adoptar ese criterio. Es para que todos estén protegidos, no sólo los que hacen cumplir sus derechos.
–¿No hubo aumentos durante su gestión?
–No, tal vez alguno aislado muy al principio. También aplicamos acciones colectivas en contratos de telefonía celular y de servicios bancarios, que son contratos de adhesión que agrupan a muchas personas, pero no tuvieron tanta repercusión pública.
–¿En qué estado se encuentra el proyecto de regulación de la medicina privada?
–Estamos avanzando. En más de cuarenta años, porque las primeras prepagas aparecieron en los años ‘60, el sector no estuvo nunca regulado. Hoy en día, cualquiera arma una sociedad, monta una oficina, pone gente a repartir volantes, ofrece un plan de salud baratísimo con los mejores hospitales, consigue algunos afiliados y después levanta todo y deja a la gente sin cobertura. Y no hay ningún control que se lo impida. Estamos trabajando seriamente en una regulación que contemple a todos.
–¿Las empresas no podrán aumentar hasta que modifiquen sus contratos?
–Efectivamente, tienen que readecuar sus contratos para que la suba sea compatible con la Ley de Defensa del Consumidor.