En su propuesta de reforma o reemplazo para la vigente Ley de Educación Superior (LES), los rectores de universidades nacionales propusieron que se garantizara la gratuidad de la enseñanza de grado. Y en el mismo sentido se han expresado las autoridades del Ministerio de Educación. Si la propuesta se concretara, contradiría uno de los aspectos de la LES que mayor rechazo generó en la comunidad académica: la posibilidad de instrumentar el arancelamiento. Sin embargo, consultados por Página/12, rectores de universidades donde se cobran bonos o aranceles a los estudiantes defendieron la continuidad del sistema que les permite juntar fondos y distribuir becas entre los alumnos. La autonomía de cada institución y la falta de un debate más profundo son algunos de los fundamentos que expusieron.

Tradicionalmente, la educación pública argentina se caracterizó por la gratuidad de la enseñanza. Pero la LES, sancionada en 1995 bajo influjo neoliberal, permitió a las universidades nacionales cobrar sumas de dinero a los estudiantes. Antes de fin de este año –según el compromiso asumido por el Gobierno–, el Congreso debería sancionar una nueva norma para regular la educación universitaria. En ese contexto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que integran los rectores produjo en agosto un documento de consenso, con sus propuestas. Allí señala que “se torna auspicioso plantear una ley de educación superior, que en consonancia con la Ley de Educación Nacional, defina claramente la gratuidad de los estudios de grado, estableciendo la equidad como un principio ético o de justicia en la igualdad”.

Si la ley cambia en ese sentido, en varias universidades se discutirá si deben o no modificar sus actuales modos de funcionamiento. En la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) los alumnos deben abonar para estudiar. El rector Enrique Tello Roldán, elegido para conducir la institución durante seis períodos consecutivos, explicó que “entre el 93 y el 95 por ciento de los estudiantes paga diez pesos por mes durante nueve meses. Hace tres años sometimos esta contribución a consideración de los estudiantes y ellos mismos eligieron que continuara vigente por considerar que era más barato que en otras universidades del país”.

Con diferencias y particularidades, la situación se repite en varias casas de estudios. Por ejemplo, en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), que conduce por primera vez en su historia una mujer, Carolina Scotto, desde antes de que la LES fuera sancionada ya se implementaba el cobro de bonos. La rectora aseguró que “los bonos tienen un carácter de contribución estudiantil: es un aporte modesto y no un arancel. Ni cualitativa ni cuantitativamente puede ser considerado así. Sobre todo por el destino de los fondos que se acumulan, que tienen fines educativos y no salariales. Los alumnos que no pueden pagarlo lo declaran y quedan exentos”. También en la Universidad de Villa María rige un sistema de aranceles.

El carácter voluntario de los bonos es el fundamento más fuerte sobre el que se asientan los rectores para justificarlo. Aníbal Jozami, rector de la Universidad de Tres de Febrero, también los defendió por ser “un sistema de contribución estudiantil voluntario que sigue su curso hacia un fondo de becas que se asignan a otros estudiantes que no pueden estudiar”. Para Jozami, el punto álgido es que “una ley que impusiera la derogación de estas becas entraría en colisión con el concepto de autonomía. Y entraría en juego en un caso como éste, ya que todas las universidades tienen la potestad de decidir por sí mismas”.

Para ninguno de los rectores consultados la existencia de estos bonos atenta contra la garantía de la enseñanza gratuita. Tello Roldán afirmó que estaba “totalmente de acuerdo con la gratuidad de la enseñanza superior. Somos partidarios de un sistema en el que si alguien puede pagar la universidad para que otros que no pueden hacerlo puedan estudiar, que paguen. A eso se le llama justicia social. Lo dijo Perón en un discurso del ’49”. Sobre el documento del CIN, Scotto aseguró que “defiende el principio de gratuidad de la educación, que no se choca con los bonos solidarios”. Jozami fue aún más allá y planteó que “no está tan claro que vaya a sancionarse una nueva ley en poco tiempo. En la reunión del CIN se vio claramente que no había un consenso generalizado para que suceda. Por eso el documento incluye declaraciones generales. Falta un proceso de debate más profundo que el que hubo hasta el momento”.